Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México han dado un paso decisivo al aprobar la expedición de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Estas disposiciones, que sustituyen al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), derivan de las reformas constitucionales estatales aprobadas en junio de 2025 y abren camino a la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal: Transparencia Mexiquense.

El dictamen fue resultado de las iniciativas impulsadas por el diputado Gerardo Pliego Santana y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ambos de Morena. La propuesta fue avalada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con miras a ser votada en el Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo 20 de agosto.

Durante la reunión, presidida por el legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) subrayó que los derechos de la ciudadanía no se eliminan ni se prescriben. Argumentó que la reforma permitirá ahorros en rubros como viajes, salarios altos, fondos de retiro y gastos de representación, eliminando lo que calificó como una “burbuja” ajena a las necesidades sociales. Para él, se trata de desmontar una burocracia obesa y majadera, incompatible con la administración pública honesta que exige la transformación.

La parlamentaria Paola Jiménez Hernández (Morena) puntualizó que el dictamen responde a la armonización con la nueva legislación federal en la materia. Aclaró que se mantienen procedimientos para solicitudes, recursos, obligaciones y sanciones, aprovechando estructuras ya existentes y evitando duplicidades administrativas. Enfatizó que tanto la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de Morena, han actuado con responsabilidad al abrir espacios de debate y consenso.

Por su parte, el diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena) coincidió en que existe una “falsa narrativa” sobre la supuesta desaparición de derechos. Señaló que los organismos autónomos no garantizaron transparencia plena ni austeridad republicana, por lo que el rediseño institucional busca recobrar la confianza ciudadana.

En contraste, la legisladora Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) expresó el rechazo de su bancada, al considerar que el diseño institucional de Transparencia Mexiquense representa un retroceso. Argumentó que la dependencia del Ejecutivo y la designación de su titular desde ese mismo poder vulneran la independencia necesaria para vigilar y sancionar. Recalcó que su grupo parlamentario está a favor de eliminar excesos y privilegios, pero no de debilitar los contrapesos que garantizan la vigilancia del poder.

La congresista Ruth Salinas Reyes (MC) lamentó que se pretenda “cortar de tajo” un logro ciudadano de reconocimiento constitucional. Criticó la falta de autonomía financiera del nuevo organismo y la ausencia de requisitos claros para la designación de su titular, lo que, a su juicio, debilita la viabilidad de la institución.

En la misma línea crítica, la parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD) advirtió que la autonomía e imparcialidad de la función garante de transparencia quedan en “grave tela de juicio”. Señaló que existe un conflicto de interés estructural, pues la Secretaría de la Contraloría depende jerárquicamente del Ejecutivo. Además, cuestionó la ausencia de cifras y partidas presupuestales específicas para la operación de Transparencia Mexiquense, lo que, según ella, compromete la viabilidad del organismo y representa un retroceso en estándares de rendición de cuentas.

El dictamen también contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Archivos y Administración de Documentos, la Ley del Sistema Anticorrupción, así como a los códigos Administrativo y Financiero del ámbito estatal. Con ello, se busca fortalecer el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, integrado por la Secretaría de la Contraloría estatal, las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos internos de control de organismos autónomos y representantes municipales.

La finalidad es coordinar y evaluar acciones de política pública en materia de transparencia y acceso a la información, establecer lineamientos y garantizar que los sujetos obligados constituyan comités de transparencia y unidades de transparencia. Estos comités, conformados de manera colegiada, serían la máxima autoridad interna en materia de acceso a la información, con resoluciones adoptadas por mayoría de votos.

En paralelo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados busca establecer bases y condiciones para el tratamiento de datos personales, garantizando derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos expeditos.

El debate refleja dos visiones contrapuestas: por un lado, la mayoría de Morena encabezada por figuras como Gerardo Pliego Santana, Delfina Gómez Álvarez, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Octavio Martínez Vargas, Paola Jiménez Hernández, José Francisco Vázquez Rodríguez y Vladimir Hernández Villegas, quienes defienden la reforma como un ejercicio de austeridad y eficiencia; por otro, voces críticas como Krishna Karina Romero Velázquez, Ruth Salinas Reyes y Araceli Casasola Salazar, que advierten riesgos de retroceso en autonomía, independencia y garantías ciudadanas.

La decisión que tome el Congreso mexiquense marcará el rumbo de la transparencia en la entidad: entre la promesa de eficiencia y austeridad, y la preocupación por la pérdida de contrapesos y autonomía institucional.

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