Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Congreso Internacional “Abrir puertas, cerrar brechas. Por una ciudadanía informada, participativa e incluyente”, organizado por la Unión Latinoamericana de Ciegos, se convirtió en un espacio que obliga a reflexionar sobre la deuda histórica que persiste hacia las personas con discapacidad en el ámbito político. La presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, en el acto inaugural y en el panel “Democracia inclusiva: de electores a actores democráticos”, no fue un gesto protocolario, sino una declaración clara de que la inclusión no puede seguir siendo un discurso vacío. La exigencia es contundente: garantizar que las personas con discapacidad no solo voten, sino que también puedan decidir, representar y gobernar en igualdad de condiciones.

La intervención de Arlen Siu Jaime Merlos puso sobre la mesa un tema que incomoda a las estructuras tradicionales del poder: la necesidad de transformar los mecanismos de participación política para que sean realmente accesibles. No basta con rampas físicas o con discursos de buena voluntad; se requieren formatos accesibles, lenguaje claro, lectura fácil y herramientas específicas para quienes enfrentan barreras visuales.

El Congreso, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, reunió a autoridades electorales federales y locales, lo que permitió un intercambio de experiencias y propuestas. Sin embargo, la verdadera prueba no está en los foros académicos ni en los paneles de discusión, sino en la capacidad de las instituciones para traducir estas reflexiones en políticas públicas efectivas. La democracia inclusiva no puede seguir siendo un ideal lejano; debe convertirse en un compromiso inmediato.

La participación política de este sector enfrenta obstáculos que van desde la falta de accesibilidad en los procesos electorales hasta la ausencia de representación efectiva en los espacios de decisión. La exclusión no es casualidad, es consecuencia de un sistema que ha normalizado la invisibilidad de quienes no encajan en el molde de la mayoría. Por ello, la voz de Arlen Siu Jaime Merlos adquiere relevancia: no se trata de pedir favores, sino de exigir derechos. La democracia no puede ser plena si deja fuera a quienes tienen tanto que aportar desde su experiencia y perspectiva.

El reto es monumental. La inclusión política de las personas con discapacidad implica reconocer que la igualdad no se logra con discursos, sino con acciones que derriben las barreras estructurales. El Congreso abrió un espacio de diálogo, pero la responsabilidad recae ahora en las instituciones que deben garantizar que las propuestas no se queden en papel.

La reflexión final es inevitable: la democracia inclusiva no es un lujo ni una concesión, es una obligación ética y jurídica. La participación de las personas con discapacidad en la vida política no solo fortalece la legitimidad del sistema democrático, sino que también enriquece la toma de decisiones con perspectivas diversas y necesarias. El Congreso Internacional dejó claro que el camino hacia una ciudadanía informada, participativa e incluyente está lleno de retos, pero también de oportunidades.

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