Derecho a La Información.
Por: LUCIO RAMÍREZ MEDINA.
¿Y la atención a las causas de la violencia?, se cuestionado Armando Vargas, Doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa, y explica:
Tres episodios recientes con alto impacto mediático vuelven a colocar en el centro del debate una realidad que suele diluirse en las discusiones sobre macrocriminalidad, gobernanza criminal o régimen criminal: que la violencia en México no solo se usa para sacar ventaja económica. Es también individual, psicológica e ideológica.
En el primero, tras un proceso de radicalización alimentado en comunidades digitales, un joven de 27 años abrió fuego contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán. En esos mismos días, una joven madre de familia fue asesinada a sangre fría en su departamento de Polanco debido a la celotipia de su victimaria: su suegra. Semanas antes, en Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras dentro de su escuela con un rifle AR-15, en un acto atravesado por misoginia y una lógica de performatividad violenta.
Esta encadenación mediática de hechos aislados obliga a revisar la actualidad —y el futuro— de otra área de política pública que, frente a estos fenómenos, es sin duda necesaria, pero hoy resulta claramente insuficiente: la prevención social o la llamada “atención a las causas” de la violencia. Su debilidad no radica en sus premisas, sino en su formulación actual, que permanece imprecisa y mal especificada frente a la diversidad de violencias que enfrenta el país.
En el plano operativo, la brecha es aún más evidente. No existe una política nacional que distinga niveles de intervención —primario, secundario y terciario— ni ámbitos de acción —psicosocial, comunitario, situacional o policial—, como lo exige la evidencia internacional. En su lugar, los sistemas de alerta temprana son incipientes o inexistentes; la detección de riesgos conductuales es excepcional; la coordinación con escuelas, familias y plataformas digitales es fragmentaria. Y en materia de armas —determinante en eventos de alta letalidad— la discusión pública permanece en los márgenes.
Con este marco, la evaluación es prácticamente imposible: no hay definiciones operativas de prevención, métricas de resultado que vinculen intervenciones
con reducciones de violencia, líneas base territoriales comparables ni etiquetado presupuestal que permita seguir el dinero.
Un enfoque de política pública de atención a las causas, debe, primero, superar la politización de los programas sociales y habilitar intervenciones efectivas. La prevención debe entenderse como toda acción orientada a evitar la reproducción de las violencias mediante la intervención directa sobre sus factores de riesgo.
Segundo, se necesitan políticas, programas y acciones específicas, basadas en evidencia y orientadas a problemas concretos a nivel territorial.
Tercero, presupuestos suficientes y etiquetados, con reglas claras de operación y corresponsabilidad estatal y municipal.
Cuarto, monitoreo y evaluación rigurosos: indicadores de proceso e impacto, pilotos controlados y publicación periódica de resultados.
Por último, quinto, una dimensión hoy ausente: estrategias para el entorno digital —monitoreo de comunidades de riesgo, alfabetización mediática y coordinación con plataformas—. Urge, en estos términos, revisar y reactivar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
.*Licenciado y Maestro en Periodismo
@luciorm
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