Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La carta enviada por Miguel Ángel Farías Fernández, presidente de CONACCA, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refleja un momento crítico en la relación entre las instituciones del Estado y los comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec. El documento no es una simple misiva, sino un expediente que busca dejar constancia de la preocupación legítima de un sector que se siente vulnerado por pronunciamientos oficiales carentes de sustento técnico y jurídico. La intervención de Farías Fernández responde a la solicitud de Octavio Martínez Vargas, presidente de la Central de Abasto, quien ha insistido en la necesidad de salvaguardar la certidumbre de miles de familias que dependen de este espacio de distribución de alimentos.

El señalamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre supuestos aseguramientos de mercancía ilícita ha generado un daño evidente en la confianza de los clientes y en la reputación de los comerciantes. La falta de precisión territorial en dichos pronunciamientos, según lo expuesto por CONACCA, no solo debilita la credibilidad institucional, sino que también abre la puerta a interpretaciones que afectan directamente la economía de la región. Yo Pregunto, ¿Cómo puede sostenerse la autoridad en sus acusaciones si no existen pruebas claras que vinculen a la Central de Abasto con actividades ilegales?

El fallo del Tribunal Administrativo Estatal, que desestima cualquier relación entre los inmuebles señalados y la Central de Abasto, constituye un argumento sólido que debería ser suficiente para frenar la estigmatización. Sin embargo, la narrativa pública ha seguido su curso, debilitando la certidumbre jurídica y generando pérdidas incalculables. Yo Pregunto, ¿Qué responsabilidad asumen las instituciones cuando sus declaraciones afectan el sustento de miles de familias que trabajan con apego a la ley?

La afectación socioeconómica es innegable. La disminución de la afluencia de clientes y el golpe al prestigio comercial no son simples cifras: representan empleos en riesgo, patrimonios comprometidos y una comunidad que ve cómo se erosiona su esfuerzo diario. En este contexto, la solicitud de Farías Fernández a la presidenta Sheinbaum adquiere relevancia estratégica. No se trata de un favor político, sino de la exigencia de un sector productivo que reclama mesas de diálogo y revisión con las autoridades competentes. Yo Pregunto, ¿Qué valor tiene la justicia si no se traduce en protección efectiva para quienes cumplen con la ley?

La entrega de copias de la misiva a figuras como Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Omar García Harfuch busca garantizar una atención integral e interinstitucional. La presencia de estos nombres en el expediente no es casual: cada uno representa un eslabón clave en la cadena de seguridad, justicia y gobernabilidad. La intención es clara: blindar el prestigio de un polo estratégico de distribución y asegurar el respeto irrestricto a los derechos de los comerciantes.

El caso de la Central de Abasto de Ecatepec no es un asunto aislado, sino un reflejo de la tensión entre la necesidad de combatir la ilegalidad y la obligación de no criminalizar a quienes sostienen la economía formal. La carta de CONACCA es, en esencia, un llamado a la responsabilidad institucional, a la precisión en los señalamientos y a la construcción de un diálogo que permita recuperar la confianza perdida. La pregunta de fondo es si las autoridades están dispuestas a reconocer sus errores y a corregir el rumbo antes de que el daño sea irreversible.

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