Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En comisiones de la LXII Legislatura mexiquense se aprobó una reforma que obliga a la autoridad judicial, ahora denominada juez, a decretar el aseguramiento de alimentos a cargo de las personas obligadas a proporcionarlos, con el fin de garantizar el desarrollo integral y el bienestar de quienes dependen de ellos.

La diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule y la bancada del PVEM, coordinada por José Alberto Couttolenc Buentello, impulsaron esta iniciativa que busca dar certeza y cumplimiento oportuno a un derecho básico.

La reforma al Código Civil estatal incluye mecanismos de garantía como hipoteca, prenda, fianza y depósito, fortaleciendo la protección de las familias. En reunión presidida por Emma Laura Álvarez Villavicencio, Ballesteros subrayó que cuando se coloca a las familias en el centro, se logran coincidencias y soluciones.

Octavio Martínez Vargas destacó que seis de cada diez casos en el Poder Judicial son de índole familiar y que las pensiones alimentarias son un tema recurrente, por lo que consideró que estas modificaciones contribuirán a reducir la evasión.

Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que la irresponsabilidad de incumplir con la obligación alimentaria constituye violencia económica y vulnera directamente a la niñez, por lo que reconoció la sensibilidad social de quienes promovieron la reforma.

Yo Pregunto, ¿Cómo asegurar que estas medidas no se queden en letra muerta y se traduzcan en cumplimiento real?

La aprobación refleja un paso hacia la justicia familiar, pero también evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para que las sanciones y garantías se apliquen de manera efectiva.

La evasión sistemática de responsabilidades ha dejado en indefensión a miles de niñas, niños y adolescentes, y esta reforma pretende cerrar vacíos legales que durante años han favorecido la impunidad.

Yo Pregunto, ¿Será suficiente la voluntad legislativa para transformar una práctica tan arraigada de incumplimiento, o se requiere un cambio cultural profundo que acompañe las leyes? La discusión abre un camino hacia la protección integral de las familias, pero exige vigilancia constante para que la justicia no se quede en discursos, sino que se convierta en hechos palpables.

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