Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La entrada en vigor de las reformas contra la violencia ácida en el Estado de México representa un avance necesario, pero su eficacia dependerá de que las instituciones respondan con rapidez y sin revictimizar.

El Congreso mexiquense estableció sanciones agravadas que, bajo circunstancias específicas, pueden alcanzar 36 años de prisión; además, el delito se perseguirá de oficio. La atención médica inmediata, la conservación de evidencias y el aviso al Ministerio Público serán obligaciones del personal de salud.

Yo Pregunto, ¿Habrá capacitación, recursos y supervisión suficientes para cumplirlas? La reparación integral también exige cirugías, rehabilitación y acompañamiento continuo para las víctimas.

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