Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La bóveda descubierta en la residencia de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, Paraguay, se convirtió en una imagen incómoda para un país sacudido por la crisis de Ueno Bank. El compartimento, oculto detrás de una pared falsa, fue localizado durante un allanamiento autorizado por la Fiscalía en una investigación que alcanza al expresidente y al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo. Lo central es esclarecer el destino de recursos públicos y previsionales, determinar responsabilidades y procurar que los ahorristas recuperen su dinero.

La investigación fiscal sostiene que Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Carvallo enfrenta imputaciones relacionadas con lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Se trata de acusaciones que deberán probarse ante los tribunales; la imputación no equivale a una sentencia ni elimina el derecho de defensa. Sin embargo, por la responsabilidad de quienes ocuparon la Presidencia y el Banco Central, el caso demanda explicaciones documentadas y rendición de cuentas.

El Ministerio Público informó que la causa comenzó el 3 de noviembre y que inicialmente fueron imputadas 27 personas. Las pesquisas identificaron alrededor de 37 empresas y 35 personas vinculadas, mientras se preparan nuevas diligencias y medidas patrimoniales. Los fiscales buscan reconstruir las operaciones, rastrear activos, reunir documentación y recuperar fondos para las personas afectadas. También gestionan cooperación internacional para localizar bienes que pudieran encontrarse fuera de Paraguay. La prioridad debe ser proteger a los ahorristas sin castigar injustificadamente a trabajadores ni empresas cuya actividad legítima pueda acreditarse.

La bóveda permanece cerrada. Este martes, 10 de noviembre, los investigadores continuaban intentando superar una segunda puerta de seguridad, después de abrir una primera compuerta. Según la información oficial y las diligencias descritas por los fiscales, el mecanismo sería complejo y requeriría especialistas y equipo adecuado. Se ha mencionado la posibilidad de comprobar si Leticia Ocampos, esposa de Peña, cuenta con acceso mediante reconocimiento del iris, así como una eventual detonación controlada, siempre que los expertos determinen que es segura. Ninguna alternativa debe ejecutarse sin valorar los riesgos y preservar posibles evidencias. Las autoridades han señalado que todavía desconocen qué contiene el compartimento.

La residencia también forma parte de las líneas de investigación financiera. Su construcción habría costado aproximadamente 7 mil 700 millones de guaraníes y, según los datos incorporados a las pesquisas, fue financiada mediante préstamos de Ueno Bank. Este elemento merece aclaración pública: deben conocerse las condiciones de los créditos, su autorización, el origen de los recursos y la congruencia entre los compromisos financieros y los ingresos declarados.

Yo Pregunto, ¿La investigación llegará hasta quienes autorizaron, supervisaron o se beneficiaron de las operaciones cuestionadas, sin distinciones políticas ni privilegios? La crisis no se resolverá abriendo una bóveda ni acumulando imputaciones. Paraguay necesita recuperar la confianza en sus instituciones, garantizar que los ahorros sean restituidos y establecer controles que impidan que fondos públicos terminen expuestos a decisiones irregulares. La transparencia debe alcanzar tanto a los responsables como a los organismos que tenían la obligación de vigilar. El resultado se medirá por pruebas sólidas, justicia independiente y reparación efectiva para los afectados.

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