Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La justicia electoral mexicana enfrenta el reto de demostrar que el reconocimiento de los derechos políticos se traduce en garantías efectivas para la ciudadanía, particularmente para quienes encuentran mayores obstáculos para ejercerlos. En ese escenario, la participación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos, en el I Congreso Nacional de Derecho Electoral, celebrado los días 19 y 20 de octubre en Saltillo, Coahuila, coloca sobre la mesa una discusión necesaria: la distancia que todavía puede existir entre lo que establece la ley y lo que realmente ocurre cuando una persona busca defender sus derechos.

Durante la mesa de diálogo “Justicia electoral y defensa de los derechos políticos en el siglo XXI: avances y retos”, la magistrada destacó la evolución de la justicia electoral, que ha pasado del reconocimiento formal de los derechos a la búsqueda de mecanismos para garantizar su ejercicio pleno. Entre los antecedentes mencionó el caso de las llamadas “Juanitas”, que evidenció prácticas contrarias a la representación política efectiva de las mujeres y contribuyó a impulsar una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de sus derechos. También abordó los avances en materia de paridad de género y acciones afirmativas, herramientas que han permitido ampliar la participación política, aunque su eficacia depende de que las disposiciones legales se cumplan y no se conviertan en simples requisitos administrativos.

La discusión, sin embargo, no puede limitarse a reconocer los avances ni a enumerar reformas. El verdadero desafío consiste en garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su condición económica, social o personal, tenga posibilidades reales de acceder a la justicia electoral y obtener una resolución que responda a sus demandas. La accesibilidad y la efectividad de las sentencias, señaladas por la presidenta del TEEM, son asuntos que requieren atención permanente, porque una justicia que resulta inaccesible o cuyas resoluciones no producen los efectos esperados pierde capacidad para proteger los derechos que está llamada a defender.

En ese contexto, la Defensoría Pública Electoral del tribunal mexiquense, en funcionamiento desde 2023, representa un instrumento para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad. Su importancia debe medirse no solamente por su existencia, sino por la capacidad de orientar, acompañar y facilitar la defensa de quienes enfrentan mayores dificultades para acudir ante las instancias correspondientes. La protección de los derechos políticos exige instituciones que respondan con oportunidad, expliquen sus procedimientos con claridad y eviten que las barreras económicas o administrativas se conviertan en obstáculos para acceder a la justicia.

El congreso, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Grupo de Profesionistas G-100, también abordó cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la integridad electoral, la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas. La presencia de autoridades del Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales, tribunales estatales, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialistas permitió reunir distintas perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano. A estos trabajos asistió también el magistrado del TEEM Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en una agenda académica desarrollada en la Universidad Americana del Noreste.

La reflexión de fondo es que la justicia electoral no puede conformarse con procedimientos técnicamente correctos si sus resultados no protegen de manera efectiva a las personas. La respuesta exige instituciones capaces de traducir las normas en resultados verificables, fortalecer la confianza ciudadana y asumir que la legitimidad democrática no depende únicamente de celebrar elecciones, sino también de garantizar que los derechos de participación y representación se respeten antes, durante y después de cada proceso electoral.

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