Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La reunión entre Miguel Ángel Farías Fernández y Rubén Vasconcelos Méndez en Naucalpan refleja un intento serio de articular una estrategia estatal contra la extorsión, delito que se ha convertido en una amenaza constante para los comerciantes mexiquenses. La presencia de Emilio Carreón Cervantes como gestor del encuentro muestra que el problema no se limita a una sola región, sino que atraviesa mercados y centrales de abasto en distintas entidades, lo que obliga a pensar en soluciones de alcance nacional.

El acuerdo de diseñar un programa de capacitación para las seis Centrales de Abasto del Estado de México es un paso que busca dotar de herramientas prácticas a quienes diariamente enfrentan riesgos de intimidación y amenazas. La posibilidad de extenderlo a nivel nacional abre un horizonte de coordinación interinstitucional que, de concretarse, podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de que no se queden en discursos, sino que se traduzcan en acciones verificables y sostenibles.

Octavio Martínez Vargas, en su doble papel de legislador y dirigente del sector abasto, subrayó los avances del Poder Legislativo mexiquense en políticas públicas contra la corrupción y la inseguridad. Su intervención es relevante porque coloca al Congreso estatal como actor central en la construcción de puentes entre empresarios y autoridades. La disposición de tender mayores canales de entendimiento refleja una visión de corresponsabilidad que, de ser asumida con seriedad, puede fortalecer la legitimidad de las instituciones frente a la ciudadanía.

La eventual firma de un Acuerdo de Colaboración entre CONACCA y la FGR estatal sería el mecanismo formal para garantizar que los talleres de capacitación tengan respaldo jurídico y operativo. La claridad sobre “qué deben hacer y a quién deben recurrir” en caso de extorsión es indispensable para que los comerciantes no se sientan desamparados. La participación de Alberto Nava, Director Jurídico del Centro de Abasto Ecatepec, añade un componente técnico que puede asegurar que las medidas propuestas tengan viabilidad legal y no se queden en buenas intenciones. En este contexto, la reunión no debe verse como un acto protocolario, sino como un compromiso que exige seguimiento puntual y resultados medibles.

El Estado de México enfrenta un desafío que no admite dilaciones: la extorsión erosiona la confianza, debilita la economía formal y amenaza la estabilidad social. La alianza entre dirigentes empresariales, legisladores y autoridades judiciales es un intento de responder con seriedad a un problema que ha crecido sin freno. La pregunta de fondo es si las instituciones están dispuestas a asumir el costo político y operativo de enfrentar al crimen con firmeza, o si se limitarán a administrar la crisis sin resolverla.

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