Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En el Estado de México, levantar un techo no es una cuestión de semanas ni un trámite presupuestal rutinario; para millones de personas representa la labor de toda una vida. La imagen es cotidiana y profundamente humana: se adquiere un terreno, se compran tabiques conforme alcanza el gasto familiar y se alza un cuarto. Años después llega el baño, luego una segunda planta y más adelante la habitación para los hijos. Así se ha construido la geografía habitacional mexiquense, a base de esfuerzo propio, sacrificios económicos y una marcada ausencia de orientación técnica. La autoproducción constituye cerca del 62 por ciento del parque habitacional en el país y en nueve de cada diez casos se sostiene exclusivamente con recursos de las propias familias. El gran problema de este modelo empírico radica en que edificar sin planeación suele salir mucho más caro a largo plazo, dejando edificaciones con fallas estructurales, mala ventilación y deficiencias operativas que comprometen la seguridad física y la salud de sus habitantes.

En una entidad que supera los 17.6 millones de habitantes y ostenta un inventario cercano a las 5.2 millones de viviendas —por encima de demarcaciones como la Ciudad de México o Jalisco, la presión sobre la infraestructura urbana y los servicios indispensables es monumental. La cifra de propietarios habitando sus inmuebles mostró una ligera reducción hacia 2025 respecto al quinquenio anterior, pero el foco crítico se ubica en las carencias acumuladas. Datos oficiales de evaluación social revelan que cerca de un millón 498 mil mexiquenses carecen de acceso a servicios básicos elementales como agua potable, drenaje eficiente, electricidad o combustibles limpios. Cuando la falta de redes públicas coincide con viviendas erigidas en terrenos irregulares o técnicamente inadecuados, la vulnerabilidad de las comunidades se multiplica.

Yo Pregunto, ¿Hasta cuándo la política pública de vivienda seguirá tratando la autoproducción como un fenómeno marginal en lugar de integrarla con asesoría técnica accesible y financiamiento directo para las familias de menores ingresos?

Las deficiencias edilicias adquieren un matiz aún más delicado en las comunidades rurales e indígenas, como las regiones mazahuas. Ahí, las carencias van más allá del hacinamiento o la falta de metros cuadrados; abarcan la convivencia diaria con fogones de leña en espacios cerrados sin ventilación, la escasez de sanitarios adecuados y la falta de agua corriente. La intervención de organizaciones civiles mediante diagnósticos integrales demuestra que el acompañamiento no debe limitarse a la entrega de materiales. Capacitar en finanzas del hogar, distribución de espacios y procesos comunitarios genera transformaciones sostenibles. Un caso claro ocurre con la organización comunitaria impulsada por mujeres para instalar lavaderos colectivos, paso que elimina faenas complejas sobre piedra y fomenta la cohesión social. Sin embargo, estas iniciativas ciudadanas, por loables que sean, no alcanzan a cubrir la escala del rezago si no se articulan con programas estatales permanentes.

Existe además un contraste socioeconómico lacerante en el territorio estatal. Hay municipios con polos de alta concentración de riqueza e infraestructura avanzada que, a muy corta distancia, Albergan localidades sumergidas en la precariedad. Esta disparidad responde en gran medida a la informalidad laboral, sector donde la ausencia de esquemas de seguridad social y de crédito institucional para la vivienda deja a las personas sin más alternativa que edificar por su propia cuenta. La falta de iluminación natural, las cocinas sin tiros de humo y las estructuras frágiles no son decisiones caprichosas, sino el resultado directo de la falta de opciones crediticias y de asistencia técnica al alcance del trabajador independiente.

Yo Pregunto, ¿De qué sirve presumir grandes indicadores macroeconómicos o zonas de alto desarrollo si al cruzar la acera la población carece de las condiciones mínimas para habitabilidad digna?

A la par de la vulnerabilidad en la edificación individual, el modelo de crecimiento urbano de la entidad enfrenta un dilema estructural. El crecimiento horizontal y disperso, especialmente visible en las zonas oriente y poniente, encarece de forma extraordinaria la introducción de redes de agua, drenaje, electrificación y transporte público. Extender manchas urbanas sin control complica cualquier estrategia gubernamental de ordenamiento. Ante este escenario, la discusión académica sugiere virar hacia la densificación, es decir, aprovechar corredores viales y crecer verticalmente en zonas bien conectadas. No obstante, la densificación tampoco representa una fórmula mágica e inmediata; exige cuantiosas inversiones, estudios de suelo rigurosos y una garantía absoluta en la disponibilidad de recursos naturales. Construir hacia arriba sin asegurar el suministro hídrico ni la movilidad adecuada solo trasladaría el caos horizontal hacia la altura.

El reto para el Estado de México no consiste simplemente en contabilizar miles de casas entregadas o autorizar grandes desarrollos inmobiliarios, sino en acompañar con seriedad el proceso real con el que la gente levantará su patrimonio en las próximas décadas. Si un hogar tarda hasta 20 años en consolidarse paso a paso, la asistencia técnica, los créditos adaptados a la autoproducción y el ordenamiento territorial deben llegar desde el primer bloque. Solo de esa manera se garantizará que el esfuerzo de toda una vida se traduzca en un espacio seguro, sano y con futuro para las siguientes generaciones.

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