Vida Pública.

Por: ARTURO HUICOCHEA.

Un gobierno puede cumplir procedimientos y fracasar en sus propósitos. Luis F. Aguilar Villanueva, referente de las políticas públicas y expresidente del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública, dijo que informar consiste en presentar resultados de “impecable naturaleza pública y de probada eficacia”. Examinar el Tercer Informe de Gobierno del EDOMEX desde esa perspectiva obliga a identificar qué problemas resolvió, no cuánto hizo.
La teoría causal de una política pública explica cómo una decisión produce una mejora: por qué ciertas medidas reducirán delitos o determinado ajuste hospitalario asegurará medicamentos. El informe debe empatar la expectativa con lo ocurrido. Sin esa comprobación, las cifras describen movimiento administrativo, pero no acreditan eficacia gubernamental.
En el Estado de México, nada menos que la seguridad pública muestra esa distancia. La percepción de inseguridad estatal pasó de 88% en la ENVIPE 2023, última medición del gobierno anterior, a 90% en 2026. El aumento de dos puntos entre estimaciones requiere verificar significancia estadística, pero el nivel observado desautoriza cualquier complacencia. Los recursos y operativos anunciados necesitan explicar qué protección efectiva están produciendo.
En salud, IMSS-Bienestar es una entidad del gobierno federal, pero la transferencia de bienes y recursos estatales que informó la gobernadora, compromete al gobierno mexiquense. Cambiar la adscripción de hospitales y ceder bienes públicos no demuestra mejorar la atención. Apenas en agosto atestiguamos protestas en más de doce municipios por pagos pendientes y denuncias de falta de medicamentos y materiales. Pacientes y trabajadores siguen necesitando respuestas. Lo que se informó debe evaluarse en términos de beneficios o perjucios para los pacientes, no por convenios firmados.
Incorporar al IMSS a trabajadores de de aplicaciones digitales, es amplíar derechos, no crear empleos. El gobierno debe precisar cuánto de su anuncio corresponde a formalización y cuánto a actividad nueva. Sobre todo teniendo en cuenta a los empleadores. La Secretaría de Desarrollo Económico estatal reportó una disminución de 268 registros patronales entre enero y agosto de 2025. Es decir, pareciera ilógico que a menos empresas, correspondan más empleados.
La reducción de la pobreza que el auditorio aplaudió corresponde al trabajo de 21 meses del gobierno anterior (de enero 2022 a septiembre de 2023). Y el periodo que se informa es 2025. Este error, deja ver que el gobierno del Estado no sabe o. sabiéndolo, no da cuenta de lo logrado el año anterior. Presentar la reducción de la pobreza de un periodo que no corresponde al informe del tercer año de trabajo, confunde evolución social con eficacia gubernamental. Cabe la duda: ¿se equivocaron, o es a propósito?
La democracia necesita información para juzgar y el Estado de derecho exige responsabilidades identificables.
La lección trasciende este informe: La rendición de cuentas comienza donde termina la enumeración de cifras; consiste en demostrar qué mejoró y asumir qué debe corregirse. Un discurso que no es consistente con la evidencia, hace que la ciudadanía pague los errores del gobierno. Y éste, sin percatarse, debilita su legitimidad.

@HuicocheaAlanis
ahuicochea@yahoo.com

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