Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Ante el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre la detención de diez personas presuntamente relacionadas con delitos vinculados a la Central de Abastos de Ecatepec, el diputado Octavio Martínez Vargas ha puesto sobre la mesa un señalamiento que no puede pasarse por alto: ninguna de esas capturas ocurrió en el lugar señalado. La precisión de los hechos es indispensable cuando se trata de instituciones que deben garantizar certeza jurídica, y lo que se observa es una narrativa oficial que no corresponde con la realidad de los locatarios ni con la dinámica de este espacio comercial. Yo Pregunto, ¿Qué credibilidad puede sostener una fiscalía que insiste en atribuir delitos a un sitio donde no se realizaron las detenciones?

El legislador detalló que entre el 4 de julio y el 9 de septiembre se detuvo a personas supuestamente vinculadas con organizaciones que operan bajo la fachada de sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México, y la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C. Sin embargo, la propia fiscalía reconoció que una de las capturas se realizó en Hidalgo, otra en Axapusco y que incluso se detuvo a un agente del ministerio público en Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo sostener entonces que la Central de Abastos es el epicentro de estas actividades delictivas? Yo Pregunto, ¿No es acaso un exceso señalar a un espacio que no guarda relación con los hechos?

La memoria reciente obliga a recordar que el año pasado la misma fiscalía acusó falsamente la existencia de mercancía robada en este mercado, lo que derivó en acciones legales y en una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa a favor de los locatarios. Esa sentencia ordenó rectificar la información, pero hasta hoy la dependencia no ha cumplido. Este incumplimiento no solo erosiona la confianza institucional, también exhibe una práctica de señalamientos sin sustento que afectan directamente a miles de familias que dependen de este centro de abasto. La reiteración de errores no puede normalizarse, porque cada declaración oficial tiene consecuencias sociales y económicas.

En este contexto, Octavio Martínez Vargas hizo un llamado a que la fiscalía se concentre en el Eje Número I del Plan de Desarrollo del gobierno de Delfina Gómez Álvarez: Estado de Derecho y Cero Corrupción. La exigencia es clara: ser “amigable” con la estrategia nacional de seguridad y evitar caer en señalamientos falsos que solo generan incertidumbre. La seguridad pública requiere coordinación, transparencia y responsabilidad, no discursos que criminalizan sin pruebas a espacios de trabajo legítimos. Yo Pregunto, ¿Qué sentido tiene insistir en acusaciones que contradicen la presencia permanente de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano en la Central de Abastos?

El propio diputado subrayó que desde enero de 2024, cuando asumió la presidencia del Consejo Directivo, no se han registrado delitos en este lugar. La vigilancia constante con 200 dispositivos de videograbación y la presencia de fuerzas federales han garantizado un entorno seguro. Este dato no es menor: demuestra que la prevención y la coordinación institucional sí funcionan cuando se aplican con rigor. Por ello, resulta inadmisible que se difundan versiones que ponen en entredicho la labor de más de 10 mil personas que diariamente sostienen la economía local y regional desde este mercado.

La reflexión es obligada: las instituciones deben ser guardianas de la verdad, no generadoras de sospechas infundadas. La Central de Abastos de Ecatepec es un espacio que, con esfuerzo y vigilancia, ha logrado mantener estabilidad y seguridad. Los errores de la fiscalía no pueden convertirse en norma, porque cada palabra oficial tiene el poder de dañar reputaciones y afectar la vida de comunidades enteras. La exigencia es simple y contundente: rectificar, reconocer y actuar con responsabilidad. Solo así se podrá construir un Estado de Derecho real, donde la justicia no se confunda con la propaganda ni con la improvisación.

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