Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El inicio del análisis legislativo para incorporar el humanismo mexicano como principio rector en la Constitución mexiquense abre un debate que no puede quedarse en lo simbólico, sino que debe traducirse en acciones concretas. La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, autora de la iniciativa, junto con Paola Jiménez Hernández y Octavio Martínez Vargas, subrayaron que el servicio público debe orientarse a la justicia social. Esa afirmación obliga a revisar si las instituciones realmente están cumpliendo con esa misión o si se han quedado en discursos que no alcanzan a transformar la vida cotidiana de las personas.

La propuesta expuesta en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales busca ampliar el alcance de los derechos humanos, garantizar la progresividad de los derechos sociales y consolidar la facultad del Estado para combatir la pobreza y la desigualdad. Este planteamiento coloca al ser humano en el centro de la acción gubernamental, privilegiando la justicia social, la equidad, el bienestar común y la dignidad humana. Sin embargo, la pregunta central es si las estructuras actuales del Estado de México tienen la capacidad real de cumplir con ese mandato.

La diputada Camacho recordó que el humanismo mexicano tiene raíces profundas en la historia nacional, con figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, y que Andrés Manuel López Obrador le dio una formulación política al convertirlo en concepción de gobierno. Esa continuidad se refleja en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y en la gestión estatal de Delfina Gómez Álvarez, caracterizada por cercanía, honestidad y austeridad. El reto es que esos valores no se queden en la narrativa de la Cuarta Transformación, sino que se traduzcan en políticas públicas verificables, medibles y sostenibles.

Paola Jiménez recalcó que todas, todos y todes tienen la responsabilidad de comprender que este principio busca generar mayores condiciones de igualdad y garantizar el acceso al bienestar. Su planteamiento es contundente: quienes durante décadas han tenido menos deben acceder hoy a más oportunidades y mejores condiciones de vida. Esa visión exige un rediseño institucional que elimine privilegios y combata inercias burocráticas. El humanismo mexicano no puede ser un concepto abstracto, debe convertirse en un criterio de actuación que atraviese cada decisión pública, desde la asignación presupuestal hasta la implementación de programas sociales.

Octavio Martínez Vargas calificó la propuesta como trascendente para que las instituciones comprendan la magnitud de la etapa histórica que vive el país y el Estado de México. Reconoció avances en derechos conquistados, cobertura de programas sociales, reducción de índices delictivos, crecimiento económico, empleo y combate a la pobreza, pero también señaló que persisten retos en materia de procuración y administración de justicia. Esa observación es clave: sin justicia efectiva, cualquier principio constitucional corre el riesgo de convertirse en letra muerta. El humanismo mexicano, para ser auténtico, debe garantizar que la justicia llegue a quienes más la necesitan, sin privilegios ni excepciones.

El debate legislativo abre una oportunidad para que el Estado de México se coloque a la vanguardia en la defensa de la dignidad humana y la justicia social. Pero esa oportunidad solo se concretará si se acompaña de voluntad política, recursos suficientes y mecanismos de rendición de cuentas. La ciudadanía espera que las palabras se conviertan en hechos y que el humanismo mexicano no sea un concepto decorativo, sino un principio rector que transforme la vida pública. La respuesta a esa pregunta definirá si esta iniciativa marca un verdadero cambio de rumbo o si se queda en un gesto legislativo sin impacto real.

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