Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Cabildo de Toluca decidió exentar del pago de predial a cinco hospitales y unidades de salud del Gobierno del Estado de México para los ejercicios fiscales 2025 y 2026. La medida, que a primera vista parece un gesto administrativo, abre un debate más profundo sobre la manera en que se distribuyen los recursos públicos y el papel de las autoridades municipales frente a las necesidades de la población. Los regidores que impulsaron esta decisión señalaron que los recursos ahorrados deberían destinarse a medicamentos y atención médica, lo cual coloca sobre la mesa un tema central: la salud pública como prioridad y no como discurso.

La exención del predial a hospitales no es un asunto menor. En un municipio como Toluca, donde la presión sobre los servicios de salud es constante, liberar de cargas fiscales a instituciones médicas puede representar un alivio financiero que, bien administrado, se traduce en beneficios directos para los pacientes. Sin embargo, la pregunta obligada es si esos recursos realmente llegarán a donde se necesitan. La experiencia nos dice que muchas veces los ahorros se diluyen en burocracia o se pierden en procesos administrativos que poco tienen que ver con la compra de medicamentos o la mejora de la atención.

La decisión del Cabildo refleja también la capacidad de los gobiernos locales para incidir en temas de salud, aunque no sean su competencia directa. En este caso, los regidores de Toluca asumieron un papel activo y plantearon que el dinero liberado se traduzca en insumos médicos. Es un planteamiento correcto, pero requiere mecanismos de seguimiento claros. No basta con aprobar la exención; se necesita garantizar que los hospitales beneficiados, como el Hospital General de Toluca o las unidades de salud que dependen del Instituto de Salud del Estado de México, utilicen esos recursos en lo que la ciudadanía espera.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha insistido en la necesidad de fortalecer la infraestructura médica en el Estado de México, y esta medida se alinea con ese discurso. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el gobierno estatal. Los municipios, como Toluca, deben asumir que la salud de sus habitantes es un tema transversal que impacta en seguridad, productividad y bienestar social. Exentar de impuestos a hospitales es un paso, pero no puede ser el único. Se requiere también mejorar la seguridad en las inmediaciones de los centros de salud, garantizar el acceso vial y ofrecer condiciones dignas para pacientes y trabajadores.

El análisis crítico obliga a reconocer que la medida tiene un costo para el municipio. Los ingresos por predial son una fuente importante de financiamiento local, y al exentar a cinco inmuebles se deja de percibir una cantidad que podría destinarse a obras públicas o servicios básicos. Aquí surge el dilema: ¿Vale más el ingreso municipal o el beneficio social de fortalecer la salud pública? La respuesta parece evidente, pero no debe ocultar la necesidad de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero se dejará de recaudar y cómo se compensará esa pérdida en las finanzas municipales.

La propuesta de los regidores de destinar los recursos ahorrados a medicamentos es un ejemplo de cómo la política puede ser constructiva. No se trata de criticar por criticar, sino de señalar que las decisiones deben acompañarse de compromisos verificables. Si el Cabildo de Toluca quiere que esta medida sea recordada como un acto de responsabilidad social, deberá exigir informes periódicos sobre el uso de los recursos liberados. De lo contrario, la exención quedará como un gesto simbólico sin impacto real en la vida de los pacientes.

La ciudadanía espera resultados tangibles. No basta con discursos ni con acuerdos en sesiones de Cabildo. Lo que se necesita es que los hospitales cuenten con medicinas suficientes, que los pacientes no tengan que comprar insumos básicos y que la atención médica sea digna. Esa es la verdadera medida del éxito de esta decisión. En un contexto donde la salud pública enfrenta retos enormes, cualquier acción que libere recursos debe ser vigilada con lupa.

Toluca da un paso importante al reconocer que la salud es un derecho que merece apoyo desde todos los niveles de gobierno. Pero la crítica constructiva obliga a recordar que las decisiones deben acompañarse de transparencia, seguimiento y resultados. Solo así la exención del predial a cinco hospitales del Estado de México será más que un acuerdo administrativo: se convertirá en un ejemplo de cómo la política local puede incidir de manera positiva en la vida de la gente.

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