•El diputado Octavio Martínez (morena) planteó que, al alquilar inmuebles, el gobierno estatal y los municipales vigilen que las propuestas consideren precio, eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público.

•La propuesta busca que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipalidades adviertan que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o emitidos sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deseche la propuesta.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Con el propósito de reordenar, transparentar y equilibrar las condiciones en que el gobierno estatal y los municipales rentan inmuebles para el ejercicio de sus funciones, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) planteó que, en los procedimientos de arrendamiento, las propuestas podrán considerar, además del precio, criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público.

El proyecto legislativo, presentado ante la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, expone que los gobiernos estatal y municipales —que actualmente rentan más de 600 inmuebles para contar con la infraestructura administrativa necesaria para su operación— se ven obligados a contratar espacios con costos superiores a la inflación, lo que genera presiones sobre el gasto corriente y reduce la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.

Para atender esta problemática, el congresista propone reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a fin de establecer que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipalidades detecten que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o elaborados sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deberá desechar la propuesta y dar vista a la instancia correspondiente para que determine las responsabilidades administrativas o sanciones que procedan.

Además, que la Oficialía Mayor, las dependencias, las entidades, los órganos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares, se abstengan de recibir propuestas o de celebrar contratos con las personas físicas o jurídicas colectivas que, en procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al uso de oficinas públicas, incurran en prácticas de sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y seguridad del inmueble.

Con la propuesta, se facultaría a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México a establecer, aparte de las políticas y normas técnicas y administrativas en la materia, los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la ley referida. 

Al exponer la propuesta, Martínez Vargas aseveró que al contratar alquileres hay sobre precios, muy seguramente en colusión con administradores del pasado que suscribieron contratos más allá de su periodo cuando la ley establece que ninguna autoridad puede suscribir un convenio más allá de su gestión. 

Afirmó que en Toluca existen costos de arrendamiento de inmuebles que, por la misma superficie, serían superiores a los registrados en ciudades como París, Miami o Nueva York.

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