Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En Guerrero, las instalaciones del Congreso estatal volvieron a ser blanco de ataques y destrozos, esta vez protagonizados por quienes se autodenominan profesores y profesoras, aunque su comportamiento contradice el papel que dicen representar. La escena es clara: grupos que reclaman justicia por los ataques sufridos por sus compañeros en la Ciudad de México, responsabilizan al gobierno federal, pero al mismo tiempo se permiten destruir espacios públicos en su propio estado. La contradicción es evidente: exigen respeto, pero no lo practican; piden garantías, pero vulneran las de los demás.

El discurso de quienes se presentan como defensores de la educación se desmorona cuando sus acciones se convierten en violencia contra instituciones. La protesta legítima se transforma en vandalismo, y el reclamo pierde fuerza porque se contradice con los hechos. No se puede exigir que “no los toquen” mientras ellos y ellas sí tocan, rompen y dañan lo que pertenece a todos. La incongruencia es el sello de estas manifestaciones que, lejos de sumar a la causa docente, restan credibilidad y generan rechazo social.

El problema no es la protesta en sí, sino la forma en que se ejecuta. El derecho a manifestarse es incuestionable, pero se convierte en abuso cuando se traduce en destrucción. Los seudo profesores que atacan el Congreso de Guerrero olvidan que la educación se basa en el ejemplo, y que el ejemplo que hoy dan es el de la violencia como método de presión. ¿Qué mensaje transmiten a sus alumnos, a las comunidades, a la sociedad? Que la fuerza sustituye al diálogo, que el destrozo es más efectivo que la razón, que la imposición es más válida que la argumentación.

La responsabilidad que intentan cargar al gobierno federal por los hechos en la Ciudad de México es un recurso político que busca desviar la atención de sus propios actos. Es cierto que cualquier agresión contra manifestantes debe investigarse y sancionarse, pero eso no justifica que en Guerrero se destruyan instalaciones públicas. La lógica de “a mí no me toques, pero yo sí puedo tocar” es la lógica del abuso, y en ese terreno no hay causa justa que se sostenga. La protesta pierde legitimidad cuando se convierte en violencia.

El Congreso del Estado de Guerrero no es un enemigo, es un espacio de representación ciudadana. Atacarlo es atacar a la sociedad misma, es negar el diálogo democrático y sustituirlo por la imposición de la fuerza. Los seudo docentes que protagonizan estos actos no defienden la educación, la traicionan. Porque educar implica enseñar respeto, enseñar coherencia, enseñar responsabilidad. Y nada de eso se refleja en los destrozos que hoy exhiben.

La sociedad observa con cansancio cómo las protestas se desvirtúan y se convierten en escenarios de violencia. El reclamo legítimo se pierde en medio de los vidrios rotos y las paredes pintarrajeadas. El mensaje que queda es el de la incongruencia: quieren justicia, pero no practican justicia; quieren respeto, pero no respetan; quieren garantías, pero no garantizan nada. Esa contradicción es la que erosiona cualquier causa y la que convierte a los protagonistas en seudo profesores, porque su conducta niega el papel que dicen representar.

El Estado de Guerrero necesita soluciones, no más problemas. La educación requiere maestros comprometidos, no agitadores disfrazados de docentes. La protesta necesita argumentos, no piedras. El reclamo exige coherencia, no contradicciones. Mientras los seudo profesores insistan en la violencia como método, seguirán debilitando su propia causa y alejándose de la sociedad que dicen defender. Porque al final, la pregunta es inevitable: ¿cómo exigir respeto si no se sabe darlo? La respuesta, por ahora, se refleja en los destrozos del Congreso, y esa respuesta no honra ni a la educación ni a Guerrero.

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