• La propuesta establece que las resoluciones firmes de la anterior Suprema Corte son cosa juzgada e inatacables.
• Se advierte que la nueva integración de la SCJN pretende revertir fallos definitivos, incluso en coordinación con la FGR.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para impedir que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabra, modifique o anule sentencias ya definitivas. Advirtió que esta intención representa un riesgo grave para la certeza jurídica del país. Señaló que ninguna autoridad puede usar el cambio institucional del Poder Judicial como pretexto para retroceder en decisiones firmes.

La iniciativa adiciona un cuarto párrafo al Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que todas las sentencias definitivas emitidas por las Salas y el Pleno de la integración anterior de la Suprema Corte constituyen cosa juzgada, resultan inatacables y no deben someterse a revisión por la nueva Corte, sin importar su integración o interpretación.

Subrayó que la reapertura de resoluciones definitivas provocará consecuencias sociales y económicas graves: inseguridad jurídica para empresas, conflictos reactivados entre particulares y un mensaje evidente de inestabilidad. Afirmó que permitir esta práctica equivaldría a “un golpe de Estado judicial”, porque eliminaría la última garantía de protección frente a decisiones arbitrarias.

La legisladora explicó que existen consultas internas de la nueva Corte —identificadas como expedientes 1/2025 y 2/2025— cuyo propósito consiste en determinar si los ministros actuales pueden revisar fallos emitidos por las Salas anteriores. Puntualizó que estos casos incluyen el amparo directo 26/2022, relacionado con el caso Wallace, y el amparo 35/2022, referente a una indemnización por error judicial. Subrayó que esta intención carece de sustento legal, ya que el recurso de revisión solo procede de manera excepcional contra sentencias de tribunales colegiados, no contra resoluciones del propio Pleno o de sus Salas.

La priista enfatizó que esta amenaza genera incentivos peligrosos: fomenta la corrupción en la reapertura de casos, vulnera la división de poderes y erosiona la confianza en el Estado de derecho. Además, alertó que las nuevas autoridades judiciales, electas con apenas 13% de participación ciudadana, no cuentan con legitimidad para anular fallos emitidos por ministros con trayectoria y experiencia. Recordó que la reforma a la Ley de Amparo ya limitó los mecanismos de defensa de los ciudadanos, lo que agrava el riesgo institucional.

Ávalos concluyó que México necesita paz jurídica, estabilidad institucional y jueces que actúen con prudencia. “Las reglas deben permanecer firmes. Si una sentencia supuestamente definitiva admite cambios, se destruye la confianza en la justicia y surge la arbitrariedad. Nuestro deber consiste en impedirlo”, afirmó.