Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La iniciativa del diputado local Octavio Martínez Vargas, de Morena, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México plantea revisar las reglas institucionales tras la transformación constitucional aprobada en diciembre de 2024. Busca evitar facultades duplicadas, vacíos normativos y responsabilidades sujetas a interpretaciones contradictorias. La nueva estructura necesita disposiciones claras que den certeza a las instituciones.

El legislador propone actualizar las competencias del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, que asumieron funciones antes concentradas en el Consejo de la Judicatura. La reorganización exige precisar qué autoridad interviene en licencias, vacantes, sustituciones. Sin esa delimitación pueden surgir conflictos y decisiones cuestionables.

La iniciativa busca fortalecer la vigilancia institucional al delimitar las facultades para investigar, substanciar y resolver faltas administrativas. También precisa la relación entre la Contraloría Interna y el Tribunal de Disciplina Judicial: quién investiga, quién integra los procedimientos y quién determina responsabilidades. La supervisión debe operar con legalidad y respeto al debido proceso.

Martínez Vargas advierte duplicidades, vacíos, remisiones a figuras inexistentes y errores de técnica legislativa. Algunos artículos asignarían una misma atribución a dos o tres órganos. Si distintas instancias se consideran competentes para conceder una licencia, resolver un procedimiento disciplinario o designar a una persona sustituta, el acto podría impugnarse por falta de competencia, afectando la seguridad jurídica de servidores públicos, litigantes.

Las inconsistencias tendrían origen en el tránsito de un modelo que concentraba administración, vigilancia y disciplina en el Consejo de la Judicatura a otro que distribuye esas funciones entre tres órganos. La transición explica la complejidad, pero no justifica las deficiencias. La ley aprobada en septiembre de 2025 debía corresponder a la nueva arquitectura; corregirla ahora confirma la importancia de revisar rigurosamente las normas antes de aprobarlas.

El proyecto no contempla crear órganos o plazas ni generar impacto presupuestal. Pretende ordenar atribuciones, concentrar en el Órgano de Administración Judicial las funciones que le confiere la Constitución y precisar el papel de la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional. Propone, además, un sistema único de información estadística para mejorar la planeación e identificar rezagos, con datos confiables.

Otro componente establece criterios e indicadores mínimos para evaluar a las personas juzgadoras electas en su primer año. Los parámetros deben ser objetivos y verificables, relacionados con el desempeño y las responsabilidades; no instrumentos de presión ni decisiones discrecionales. La elección popular modificó el acceso a los cargos, pero no elimina las exigencias de profesionalismo, independencia y respeto a los derechos ciudadanos.

La propuesta también homologa la calificación de excusas, recusaciones e impedimentos, asuntos vinculados con la imparcialidad judicial. Criterios uniformes evitarían tratamientos distintos ante situaciones semejantes. La legitimidad del modelo dependerá de procedimientos transparentes, controles efectivos y resoluciones fundamentadas, no solamente de elegir integrantes o crear nuevas instancias.

La reforma constitucional de 2024 estableció la elección popular de personas magistradas y juzgadoras y reestructuró el Tribunal Superior de Justicia con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, en sustitución del Consejo de la Judicatura. La nueva Ley Orgánica fue avalada el 2 de septiembre de 2025, durante la preparación de la primera elección judicial estatal, celebrada el 1 de junio. Ese contexto explica la premura, pero no exime de armonizar la ley con la Constitución local.

Las convocatorias de los siguientes procesos judiciales deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, rumbo a los comicios del primer domingo de junio de 2028. El Estado de México necesita reglas claras antes de esa etapa; mantener contradicciones puede generar incertidumbre en la integración y operación de los órganos. Corregirlas exige deliberación y revisión técnica.

La iniciativa de Octavio Martínez Vargas abre la posibilidad de corregir deficiencias, pero su valor dependerá de que el Congreso revise cada cambio con rigor y las instituciones actúen con independencia, transparencia y responsabilidad. La justicia necesita leyes coherentes, competencias precisas y resultados evaluables por la sociedad.

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