Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La protección del patrimonio de las personas adultas mayores representa un asunto de justicia, dignidad y responsabilidad institucional que exige respuestas legales precisas frente a los abusos que pueden cometerse dentro del propio entorno familiar. En el Congreso del Estado de México se analiza una iniciativa de la diputada de Morena, Itzel Daniela Ballesteros Lule, que busca reconocer como violencia patrimonial aquellas conductas que vulneren la autonomía de este sector para administrar, conservar y disponer libremente de sus propiedades y derechos.

La propuesta, discutida en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y Para la Atención de Grupos Vulnerables, coloca sobre la mesa una problemática que durante mucho tiempo ha permanecido en el ámbito privado, pese a sus consecuencias económicas y sociales. El diputado Octavio Martínez Vargas, así como las legisladoras Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México, y Emma Laura Alvarez Villavicencio, del Partido Acción Nacional, coincidieron en la importancia de revisar sus alcances y solicitar una opinión al Poder Judicial, debido a las implicaciones jurídicas que podría tener su aprobación.

Al presentar la iniciativa, Itzel Daniela Ballesteros Lule expuso que el abuso patrimonial no necesariamente comienza con un despojo evidente. En ocasiones se origina mediante relaciones de confianza, poderes otorgados de buena fe, contratos, donaciones o encargos de administración que terminan siendo utilizados en perjuicio de las personas adultas mayores. Esta realidad obliga a reconocer que el riesgo no siempre proviene de personas desconocidas, sino que también puede surgir entre familiares que aprovechan la cercanía y la confianza para apropiarse de bienes ajenos.

La discusión adquiere especial relevancia porque el patrimonio representa para muchas personas mayores el resultado de décadas de trabajo y ahorro. Perder la posibilidad de decidir sobre una propiedad o una cuenta bancaria no solamente implica una afectación económica, sino también una vulneración de su independencia y de su derecho a vivir con tranquilidad.

En ese contexto, Octavio Martínez Vargas planteó la necesidad de revisar que las modificaciones civiles no contradigan las disposiciones del Código Penal relacionadas con el despojo y el uso de tarjetas bancarias. También llamó la atención sobre el otorgamiento de poderes notariales, al señalar posibles irregularidades cuando se formalizan documentos sin que la persona otorgante conserve la capacidad para expresar válidamente su voluntad o incluso después de su fallecimiento. Este señalamiento exige revisar los mecanismos de supervisión y las responsabilidades de quienes intervienen en esos actos.

Por su parte, Patricia Santos recordó que la edad no debe utilizarse para restringir la capacidad de decidir ni para despojar a alguien de la administración de sus bienes. La protección debe garantizar autonomía, no sustituir la voluntad de sus titulares. Miriam Silva Mata advirtió que la iniciativa necesita distinguir las responsabilidades civiles y penales, definir la administración indebida y evitar disposiciones contradictorias. Emma Laura Alvarez Villavicencio propuso valorar peritajes especializados, medidas cautelares y mecanismos para revisar situaciones de dependencia o presión familiar.

El debate debe traducirse en una reforma con garantías para las víctimas y respeto al debido proceso. Proteger a las personas adultas mayores significa impedir que la confianza se convierta en instrumento de abuso, sin establecer presunciones automáticas ni abrir espacios a interpretaciones arbitrarias. La legislación debe ofrecer herramientas eficaces para preservar su patrimonio, libertad y dignidad.

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