Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La petición de 23 congresistas demócratas para investigar contratos de infraestructura fronteriza en Big Bend, Texas, pone bajo escrutinio casi siete mil 500 millones de dólares públicos. Encabezados por Verónica Escobar, solicitaron al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional revisar posibles influencias políticas, la transparencia de las adjudicaciones y la necesidad de las obras promovidas durante la administración de Donald Trump.

Cuatro de los cinco contratos fueron asignados a Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel. Los legisladores cuestionan los vínculos políticos atribuidos a esas compañías, aunque estos no prueban por sí mismos irregularidades. También piden revisar las exenciones legales que redujeron controles ambientales y mecanismos de supervisión.

La seguridad fronteriza exige responsabilidad, pero no justifica gastos sin explicar costos, beneficios y resultados. La investigación deberá esclarecerlo. Yo Pregunto: ¿Quién garantiza que estos recursos atiendan el interés público?

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