Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La decisión del Congreso mexiquense de cambiar el nombre de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas por el de Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas y Afromexiquenses abre una oportunidad para revisar cómo se reconocen los derechos de comunidades relegadas. La modificación busca incorporar una perspectiva intercultural al trabajo parlamentario, aunque su alcance dependerá de las acciones que acompañen este ajuste.

La iniciativa, presentada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas, de Morena, reforma la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México. El cambio fue avalado por la LXII Legislatura, presidida por Vladimir Hernández Villegas, quien señaló que la población afrodescendiente debe tener visibilidad pública.

Con esta modificación, la comisión atenderá asuntos relacionados con la integridad cultural y los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de promover la defensa de su herencia, el respeto a sus usos y costumbres y su participación en las decisiones públicas. Son atribuciones relevantes, pero deberán traducirse en trabajo legislativo y diálogo con las comunidades.

Miranda Vargas sostuvo que el Congreso debe reflejar la diversidad cultural mexiquense y reconocer que sus pueblos tienen identidad, historia, voz y derechos. La representación debe acompañarse de condiciones para intervenir en políticas que afectan la vida comunitaria.

Durante el análisis en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Indígenas, la legisladora consideró que el reconocimiento institucional constituye un derecho y un acto de justicia histórica. En el mismo sentido, el diputado Octavio Martínez Vargas subrayó la importancia de mantener el reconocimiento de estos pueblos y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

El cambio de denominación constituye un paso formal, pero no resuelve las desigualdades ni asegura la inclusión efectiva. La comisión deberá escuchar a las comunidades, impulsar propuestas y vigilar su seguimiento. El desafío será pasar del reconocimiento escrito a una participación, con respeto, representación y resultados verificables.

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