Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La confianza institucional se ha convertido en un elemento determinante para que México pueda competir por inversiones internacionales. En un entorno económico marcado por cambios comerciales, tecnológicos y jurídicos, atraer capital no depende únicamente de ofrecer oportunidades de negocio, sino también de garantizar reglas claras, autoridades confiables y procedimientos capaces de resolver diferencias sin generar incertidumbre para empresas e inversionistas.

Esta discusión ocupó un lugar central en la quinta edición del ICC Mexican Arbitration Day, organizado por la International Chamber of Commerce México (ICC México), que congregó en la capital del país a especialistas, empresarios, abogados y árbitros de Europa, Estados Unidos y América Latina para examinar los retos de la justicia comercial y los mecanismos internacionales de solución de controversias.

Durante la inauguración, Alberto Espinosa Desigaud, presidente de ICC México, planteó que la fragmentación del comercio internacional, la relocalización de empresas y el desarrollo de la inteligencia artificial están modificando las condiciones de competencia. Estos cambios obligan a México a revisar sus capacidades institucionales y ofrecer mayor certidumbre a quienes consideran invertir en el país.

Uno de los asuntos que requiere atención es la certeza jurídica después de la reforma al Poder Judicial, vigente desde 2025. Espinosa Desigaud advirtió que sus efectos sobre la percepción de riesgo pueden repercutir en las decisiones de inversión y en los movimientos de capital. La discusión no debe reducirse a defender o cuestionar una transformación institucional, sino a evaluar si las nuevas condiciones garantizan independencia, preparación y resoluciones previsibles.

El arbitraje y los mecanismos alternativos de solución de controversias representan herramientas para atender ese desafío. Su fortalecimiento puede contribuir a proteger inversiones y evitar que desacuerdos comerciales se conviertan en procesos prolongados, siempre que existan reglas transparentes y autoridades con capacidad para hacerlas cumplir.

México cuenta con presencia relevante en este ámbito. Las cifras de ICC correspondientes a 2025 lo colocaron entre los diez países con mayor número de partes involucradas en arbitrajes, con 67 participantes nacionales. Además, la Ciudad de México ocupó el noveno sitio entre las sedes arbitrales más solicitadas. Estos datos muestran oportunidades, pero también plantean la responsabilidad de consolidar condiciones institucionales que sostengan esa posición.

Los participantes señalaron que disponer de una legislación favorable no basta para convertir al país en una sede confiable. La independencia judicial, la especialización y la consistencia de los criterios son indispensables para que las partes acepten resolver sus diferencias en territorio mexicano. Sin esas garantías, la promoción del arbitraje tendrá alcances limitados.

Patricia de Figueiredo Ferraz, directora de Arbitraje y ADR de ICC para América Latina, informó que desde el 1 de junio de 2026, cuando entró en vigor el nuevo Reglamento de Arbitraje de ICC, se contabilizaron 362 nuevos casos, 25 solicitudes de árbitro de emergencia y 45 aplicaciones del procedimiento expedito. La cifra refleja la actividad de estos mecanismos y la necesidad de modernizar los procedimientos sin sacrificar garantías fundamentales, particularmente el derecho de las partes a defender sus posiciones.

En el terreno de la inversión también se presentó una iniciativa conjunta del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de ICC y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), orientada a desarrollar principios y cláusulas modelo para establecer mecanismos contractuales de protección y solución de controversias entre inversionistas y Estados. La propuesta contempla especialmente proyectos de infraestructura y concesiones, sectores donde las diferencias contractuales pueden tener consecuencias económicas importantes. Aunque todavía está en desarrollo, busca ampliar las alternativas disponibles y proporcionar mayor previsibilidad jurídica.

Otra cuestión relevante fue la mediación como instrumento para evitar que los desacuerdos comerciales terminen necesariamente en litigios. Los especialistas de Costa Rica, Chile y México plantearon que esta herramienta debe incorporarse desde el inicio de las relaciones comerciales, mediante contratos internacionales que contemplen procedimientos escalonados de diálogo, negociación e intervención temprana. Esperar hasta que el conflicto se encuentre avanzado puede reducir las posibilidades de alcanzar acuerdos.

La mediación ofrece ventajas para disminuir gastos, conservar relaciones empresariales y encontrar soluciones aceptables para las partes. Sin embargo, requiere profesionales independientes, preparación especializada, conocimiento de distintas culturas y condiciones que impidan que una de las partes imponga sus intereses. También resulta necesario que las políticas públicas y los incentivos empresariales favorezcan su utilización como primera alternativa, en lugar de mantenerla como un recurso secundario.

La transformación tecnológica ocupó otro espacio importante en el encuentro. La inteligencia artificial comienza a facilitar investigaciones jurídicas, revisión de expedientes y procesamiento de grandes cantidades de información, pero su utilización también obliga a establecer límites sobre confidencialidad, transparencia y confiabilidad. La rapidez de estas herramientas no debe confundirse con la certeza de sus resultados ni justificar decisiones sin una revisión profesional.

Los especialistas coincidieron en que la tecnología debe apoyar el trabajo de abogados y árbitros, no sustituir su razonamiento ni trasladarles a los sistemas automatizados la responsabilidad de valorar pruebas y resolver controversias. La supervisión humana, la protección de información sensible y la identificación de posibles errores deben formar parte de cualquier proceso de modernización.

En ese contexto, Alberto Espinosa Desigaud destacó las acciones de ICC México para contribuir a la preparación de las nuevas personas juzgadoras mediante tres diplomados realizados en coordinación con instituciones académicas y judiciales. La capacitación representa una oportunidad para fortalecer conocimientos, aunque también debe acompañarse de experiencia práctica, independencia y actualización permanente.

El reto para México consiste en transformar su participación internacional en condiciones reales de competitividad. Atraer inversiones exige instituciones que inspiren confianza, procedimientos accesibles y mecanismos capaces de resolver diferencias con imparcialidad. La quinta edición del encuentro dejó una reflexión necesaria: ninguna innovación tecnológica o reforma normativa será suficiente si no se garantiza el debido proceso, la independencia y el respeto al Estado de derecho.

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