Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La suspensión de actividades en al menos dos Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Toluca puso de manifiesto un conflicto laboral que repercute en la población. Este lunes 9 de noviembre, trabajadores se sumaron al paro nacional para exigir un aumento salarial de 100 por ciento y mejores condiciones de trabajo, una demanda que coloca sobre la mesa la responsabilidad institucional de atender al personal sin desproteger a quienes necesitan realizar trámites electorales.

Las sedes que permanecieron cerradas fueron la correspondiente a la Junta Distrital Ejecutiva 34, ubicada en la calle México, casi esquina con República de Colombia, en la colonia Américas, y otra localizada en el barrio de San Bernardino, sobre la calle Hidalgo. La interrupción impidió que los usuarios realizaran inscripciones al padrón electoral, actualizaciones de datos, cambios de domicilio y reposiciones de su credencial para votar.

La inconformidad no se limita al salario. Los trabajadores también solicitan nivelación salarial, mejores prestaciones y equipo adecuado para cumplir sus funciones. Édgar Fernández, representante del personal inconforme, advirtió que la movilización contemplaba la participación de miles de empleados de aproximadamente 750 módulos distribuidos en 20 entidades. De acuerdo con lo expuesto por los convocantes, el reclamo responde a condiciones que consideran insuficientes frente a las responsabilidades de atender a millones de ciudadanos.

El INE reconoció las preocupaciones relacionadas con las condiciones salariales, laborales y operativas. En un comunicado difundido el sábado 7 de noviembre, identificado con el número 491, informó que realiza una revisión para detectar necesidades, atender pendientes y fortalecer el funcionamiento de sus módulos. También indicó que retomó el diálogo con el personal y que analiza alternativas sujetas a las posibilidades institucionales y presupuestales.

El organismo expresó su voluntad de avanzar hacia mejores condiciones mediante medidas viables, responsables y sostenibles; no obstante, la información proporcionada no estableció una fecha para resolver las demandas ni precisó el alcance de las acciones. Esa falta de plazos concretos mantiene abierta la incertidumbre para los trabajadores y para los ciudadanos que requieren atención.

El desafío consiste en encontrar una salida que considere las condiciones laborales y la continuidad del servicio público. Las demandas deben examinarse con transparencia, argumentos presupuestales y disposición al diálogo, mientras se informa qué módulos operan y cuándo podrán reanudarse las actividades. Yo Pregunto: ¿Qué calendario de negociación y atención ofrecerá el INE para evitar que la ciudadanía siga enfrentando trámites suspendidos?

En Toluca, el cierre de dos sedes recuerda que las diferencias tienen consecuencias. Atenderlas exige escuchar al personal, explicar las decisiones y garantizar alternativas para los usuarios. La solución no debe aplazarse.

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