Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Reconocer el derecho a la vivienda también exige considerar el arrendamiento como una alternativa legítima, con condiciones dignas, rentas asequibles y seguridad para quienes ocupan un inmueble. Bajo esa premisa, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, propuso que los aumentos de alquiler no superen la inflación, precisar los plazos contractuales y los avisos para desocupar las propiedades, además de registrar los acuerdos ante el Sistema Estatal de Vivienda.

La iniciativa reforma el Código Civil y la Ley de Vivienda para ampliar las facultades de las dependencias estatales y municipales que desarrollan programas habitacionales. También busca que la política estatal promueva, gestione y estimule alternativas para acceder a una vivienda mediante el arrendamiento. El planteamiento coloca sobre la mesa una realidad desatendida: no todas las familias pueden comprar una casa u obtener un crédito hipotecario.

Al presentar la propuesta ante la LXII Legislatura mexiquense, Martínez Vargas expuso que el Estado de México cuenta con 5 millones 232 mil 428 viviendas y que alrededor de un millón son rentadas por cerca de 3 millones 700 mil personas. Afirmó que las modificaciones buscan dar certeza jurídica a sus habitantes, contener los aumentos conforme a la inflación, prevenir desalojos arbitrarios y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad. Su alcance dependerá de que las disposiciones puedan cumplirse y supervisarse.

El documento advierte que la concentración urbana convierte el acceso a la vivienda en un desafío estructural que requiere respuestas integrales. Históricamente, las políticas habitacionales han privilegiado el impulso a vivienda nueva, mientras millones de mexiquenses sin financiamiento hipotecario han quedado desprotegidos. Reconocer esa brecha obliga a ampliar la mirada: el derecho a un hogar no puede depender exclusivamente de la posibilidad de adquirir una propiedad.

En esa perspectiva, el arrendamiento es una modalidad legítima para ejercer el derecho a la vivienda, siempre que garantice seguridad en la tenencia, asequibilidad, habitabilidad y protección frente a desalojos arbitrarios. Incorporarlo como eje estratégico permitiría ampliar la cobertura, reducir el endeudamiento familiar, facilitar la movilidad laboral y educativa y favorecer un desarrollo urbano ordenado y sostenible. Para lograrlo harán falta instrumentos y vigilancia.

La iniciativa plantea que los contratos especifiquen el monto de la renta, el lugar y la fecha de pago, además de establecer que, al renovarse, el incremento será igual o inferior a la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior. La medida busca dar previsibilidad a las personas arrendatarias y evitar aumentos desproporcionados. También será necesario que existan vías accesibles para denunciar incumplimientos. La discusión también obliga a revisar cómo se atenderán las diferencias entre propietarios e inquilinos, pues una regulación equilibrada debe proteger derechos sin desconocer obligaciones. No basta con fijar límites: hacen falta procedimientos sencillos, autoridades preparadas y criterios transparentes para resolver controversias. De lo contrario, las familias podrían enfrentar trámites difíciles y una protección que solo exista en el texto legal.

Si el contrato no señala un plazo, se aplicaría el máximo previsto en la legislación vigente: tres años para inmuebles urbanos destinados a casa habitación. El arrendador tendría que comunicar por escrito, con al menos noventa días naturales de anticipación, su decisión de terminar la relación y solicitar la entrega de la vivienda una vez concluido el periodo acordado. La obligación también aplicaría cuando el contrato se hubiera prorrogado tácitamente.

En ambos supuestos, la persona arrendataria avisaría con la misma anticipación si pretende desocupar el inmueble. Las comunicaciones podrían realizarse por cualquier medio que permita acreditar su recepción. Estos plazos buscan equilibrar la relación contractual, aunque deberán evitarse requisitos que obstaculicen a quienes enfrentan circunstancias imprevistas.

La propuesta contempla crear el Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura mediante el Sistema Estatal de Vivienda. No sería público y los contratos tendrían que inscribirse dentro de los treinta días hábiles posteriores a su celebración. Se busca contar con información electrónica de las viviendas en alquiler. La protección de datos personales deberá garantizarse desde el inicio.

Además, los propietarios estarían obligados a garantizar que los inmuebles arrendados dispongan de servicios básicos para ser habitables. Las dependencias competentes darían prioridad al arrendamiento digno. La Política Estatal de Vivienda establecería acciones para facilitar el acceso a un hogar digno y decoroso, en propiedad o alquiler, y contemplaría apoyos económicos y facilidades administrativas para personas en pobreza, marginación o vulnerabilidad.

Finalmente, se propone apoyar a quienes no pueden obtener un crédito hipotecario para que el arrendamiento sea una alternativa efectiva. El programa estatal incluiría un diagnóstico habitacional y modalidades de subsidio para quienes rentan por carecer de financiamiento. El desafío será convertir las propuestas en reglas claras, presupuesto, atención institucional y resultados verificables, sin imponer cargas injustificadas a quienes buscan un lugar donde vivir.

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