Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La desigualdad territorial en el acceso a la educación superior llegó al Congreso mexiquense con una exigencia: que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) amplíe su presencia en municipios como Ecatepec. El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, planteó esta necesidad durante la discusión de la nueva legislación universitaria, aprobada el 29 de octubre, después de 34 años sin renovar integralmente el marco jurídico.

Para explicar el problema, relató el caso de un joven que aprobó el examen de admisión, pero obtuvo un lugar en el sur de la entidad. La distancia, el transporte y el hospedaje hicieron inviable su permanencia. “Estuvo unas semanas y renunció porque no había forma en el traslado y en el hospedaje”, expuso Martínez Vargas. El episodio muestra que el ingreso no garantiza condiciones para continuar los estudios.

El legislador señaló también que la falta de información y de espacios cercanos limita las posibilidades de que jóvenes de Ecatepec conozcan y consideren a la UAEMéx. Afirmó que nueve de cada diez adolescentes y jóvenes del municipio nunca han escuchado hablar de la institución, estimación que utilizó para cuestionar su alcance territorial. “No es la universidad de una región, es la Universidad del Estado de México. Y esta reforma plantea y reconoce ese reto”, sostuvo.

Martínez Vargas consideró insuficiente la infraestructura universitaria en Ecatepec y pidió dimensionar las necesidades de un municipio donde, según su planteamiento, habita el 13 por ciento de la población estatal. Cuestionó que la oferta se limite a un campus de nivel medio superior. La cobertura exige programas diversos, matrícula suficiente, condiciones para concluir estudios y capacidad de atender la demanda creciente de aspirantes en las distintas regiones del territorio mexiquense.

Sobre la nueva ley, destacó la gratuidad progresiva, la democratización universitaria, la ampliación del Consejo Universitario y una mayor vinculación con los sectores público y privado y las comunidades. Establece además una consulta obligatoria cada diez años para revisar el marco normativo y evitar otro periodo de más de tres décadas sin actualizarlo. Su utilidad dependerá de que sea amplia y sus resultados incidan en las decisiones institucionales.

La transparencia financiera fue otro asunto abordado. Martínez Vargas cuestionó las advertencias sobre un posible deterioro de las finanzas y pidió esclarecer pendientes de administraciones anteriores. Recordó la Estafa Maestra y mencionó transferencias por mil 440 millones de pesos de recursos federales a la universidad, además de cuestionar la falta de sanciones. Sus señalamientos fueron una exigencia de rendición de cuentas; no presentó nuevas resoluciones judiciales sobre esas operaciones. Las responsabilidades deben establecerse con expedientes y determinaciones de las autoridades competentes.

El diputado relacionó las barreras educativas con problemas que enfrentan las juventudes mexiquenses. Señaló que numerosos jóvenes privados de la libertad no tuvieron oportunidades para estudiar y defendió fortalecer la educación pública. La reinserción requiere alternativas educativas y coordinación institucional; reconocer la exclusión no basta si no existen opciones para revertirla.

Martínez Vargas reconoció el contexto de la reforma, impulsada durante las gestiones de Martha Patricia Zarza Delgado, primera rectora de la UAEMéx, y Delfina Gómez Álvarez, primera gobernadora mexiquense, después de una consulta universitaria. La participación de la comunidad es relevante, pero obliga a respetar la autonomía y mejorar las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores.

La nueva legislación actualiza el marco institucional, aunque sus resultados dependerán de su aplicación. La gratuidad deberá avanzar sin comprometer las finanzas; la representación convertirse en participación efectiva, y la vinculación social, en oportunidades concretas. Para Ecatepec, el desafío es transformar la demanda de mayor presencia universitaria en una estrategia con metas, presupuesto y plazos verificables.

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