Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La renovación de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) avanzó en el Congreso mexiquense con la aprobación del dictamen en comisiones unidas de la LXII Legislatura, a partir de las iniciativas de Morena, Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La propuesta busca modificar las reglas de representación y elección de autoridades, avanzar gradualmente hacia la eliminación de cuotas y establecer un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

El dictamen fue avalado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, presididas en la reunión por el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, de Morena. El documento integra las propuestas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de ese partido; de la bancada de Movimiento Ciudadano, coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández, y de la gobernadora, cuya iniciativa recupera una propuesta de la propia universidad construida mediante consulta a estudiantes, personal académico y administrativo.

Entre los cambios previstos se encuentra la creación de un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria, así como un sistema de bienestar y cuidado para la comunidad. Durante la discusión del dictamen, presentado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, de Morena, Octavio Martínez Vargas sostuvo que la norma puede fortalecer la formación académica, la transparencia, la relación de la institución con la sociedad y la cobertura educativa en la zona oriente. Su compañera de bancada, Paola Jiménez Hernández, planteó que el debate de fondo consiste en cómo mantener e impulsar una educación de calidad. Ambas aspiraciones requieren acciones medibles, no únicamente formulaciones legales.

La diputada María del Consuelo Estrada Plata, del PT, pidió que la nueva legislación reconozca la función de maestras y maestros y el valor de su investigación humanista. Por su parte, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, advirtió que la ausencia de reglas claras puede abrir espacios a la discrecionalidad, la inestabilidad y la intervención política en las elecciones internas.

Ruth Salinas Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el proyecto no contemple un tribunal de justicia universitaria y consideró insuficientes las atribuciones de fiscalización del órgano interno de control. Por ello presentó tres reservas para ampliar sus facultades más allá de la revisión, obligar al Sistema de Ética y Justicia Universitaria a dar vista al Ministerio Público ante posibles conductas delictivas y asegurar acompañamiento a las víctimas. Las reservas fueron rechazadas.

En materia electoral, el proyecto establece que la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. No obstante, el cómputo se realizará por sector —alumnado, personal académico y administrativo— conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario. El Consejo Universitario otorgará el nombramiento con base en el informe de resultados del Órgano Electoral Universitario. Bajo las mismas reglas se elegiría a quienes encabecen las direcciones de los espacios académicos.

La nueva ley también fija requisitos para aspirar a la rectoría o a una dirección académica: no contar con sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no haber recibido sentencia firme por un delito doloso que amerite prisión; no estar inhabilitado para el servicio público ni inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y presentar un plan de trabajo universitario. Asimismo, prevé causas de remoción o destitución, ausencias, licencias, elección o designación de una persona rectora sustituta y nombramiento de una encargada.

La integración del Consejo Universitario, máxima autoridad institucional, deberá atender el principio de paridad, entendido en el dictamen como igualdad numérica entre representantes del alumnado y del personal académico. Lo integrarían la persona titular de la rectoría; quienes dirijan facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos; representantes de la asociación sindical del personal académico y administrativo titular del contrato colectivo; una persona académica de cada espacio y dos representantes estudiantiles por cada uno. La distribución prevista daría lugar a 223 personas consejeras, elegidas por mayoría mediante sufragio personal, directo, libre y secreto dentro del sector correspondiente.

Otro compromiso relevante es la eliminación progresiva de los cobros de inscripción y reinscripción, conforme a la Ley General de Educación Superior. La UAEMéx deberá formular un plan de transición hacia la gratuidad sin comprometer sus fines ni poner en riesgo sus finanzas. La disposición reconoce que el cambio requiere planeación presupuestal, pero no fija por sí misma una fecha concreta para dejar de cobrar. En consecuencia, su cumplimiento dependerá de los recursos disponibles, las decisiones presupuestarias y la publicación de metas verificables.

El Sistema de Ética y Justicia Universitaria tendrá a su cargo prevenir, conocer, resolver y sancionar faltas de responsabilidad universitaria y disciplinarias, mediante principios de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, con independencia en su actuación. A su vez, el Órgano Electoral Universitario organizará, conducirá, vigilará y validará la legalidad de las elecciones de rectoría, direcciones académicas y consejerías; también podrá intervenir en otros procesos que determine el Consejo Universitario. El régimen de responsabilidades alcanzará al alumnado, personal académico y administrativo, integrantes de los órganos de gobierno y del órgano electoral, conforme a la nueva ley y demás normas aplicables. Cuando una conducta constituya una falta administrativa prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, deberá atenderse a ese marco jurídico.

El sistema de bienestar universitario incorpora la promoción de la salud física y mental, la protección ante riesgos y violencias, la cultura física y el deporte, la alimentación saludable, los espacios adecuados y accesibles, el apoyo a personas en situación vulnerable y la convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencia. Son objetivos relevantes, pero su impacto dependerá de protocolos, servicios, personal capacitado y recursos suficientes, además de mecanismos para evaluar resultados y atender quejas.

El dictamen abroga la ley universitaria vigente desde 1992, pero todavía debe ser votado de manera definitiva por el Pleno legislativo. Si entra en vigor, comenzará una transición para dar continuidad a las autoridades actuales, elaborar el nuevo estatuto y poner en marcha, de forma gradual y según la suficiencia presupuestal, los sistemas, programas y servicios contemplados. La reforma representa una actualización normativa después de más de tres décadas; su verdadera dimensión se conocerá en la práctica. La comunidad universitaria tendrá que vigilar que las elecciones sean confiables, que la justicia interna proteja derechos, que la fiscalización sea efectiva y que la gratuidad avance con compromisos públicos.

Cambiar la ley es el inicio; garantizar su cumplimiento será la prueba decisiva. El Congreso y las autoridades universitarias deberán informar públicamente sobre los tiempos de implementación, los criterios de evaluación y los recursos destinados a cada obligación. Sin indicadores públicos, la comunidad no podrá distinguir avances reales de compromisos pendientes. La autonomía exige decisión y rendición de cuentas; ambas deben coexistir para que la nueva legislación fortalezca la confianza institucional y no se limite a sustituir un ordenamiento antiguo por otro.

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