Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso que pretende marcar un antes y un después en la manera en que México concibe sus transacciones económicas. La aprobación de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la mayoría morenista y presentada por Carol Antonio Altamirano, abre un debate que no se limita a lo técnico, sino que toca fibras sociales, culturales y políticas. La narrativa oficial habla de modernización, inclusión y eficiencia, pero la realidad obliga a cuestionar si el país está preparado para una transición que, aunque gradual, puede convertirse en imposición.

El diputado Altamirano sostiene que esta ley representa una transformación digital con beneficios claros: mayor seguridad, menores costos y mejores mecanismos de control. La presidenta Claudia Sheinbaum respalda la iniciativa bajo el argumento de que México ya cuenta con infraestructura suficiente: SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras. Sin embargo, la pregunta que surge es si esa infraestructura realmente llega a todos los rincones del país. Yo Pregunto, ¿Cómo se garantiza que la Sierra Tarahumara o la Selva Lacandona tengan las mismas condiciones que la zona centro, donde abundan las terminales y la conectividad?

Las críticas de la oposición no son menores. Verónica Pérez, del PAN, advierte que la modernización no puede confundirse con imposición. Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, va más allá al señalar que la digitalización podría generar más esquemas informales y mercados negros, en lugar de reducir la evasión fiscal. Yo Pregunto, ¿Qué sucede con los adultos mayores que desconfían de la tecnología, con los jóvenes que carecen de cultura financiera o con los pequeños negocios que deberán absorber los costos de la digitalización? La inclusión financiera no puede ser un discurso vacío; debe ser una política que reconozca las desigualdades estructurales.

El oficialismo, representado por Luis Humberto Fernández Fuentes, defiende la ley como un mecanismo para democratizar el sistema financiero y fortalecer la Hacienda Pública. Argumenta que reglas claras e interoperabilidad permitirán que tanto vendedores comunes como grandes empresas usen las mismas herramientas. La visión es atractiva, pero el riesgo es que la brecha tecnológica se convierta en una nueva forma de exclusión. Yo Pregunto, ¿No es contradictorio hablar de inclusión cuando millones de mexicanos carecen de acceso a internet estable, dispositivos inteligentes o cuentas bancarias?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá apenas quince días para definir los sectores donde los pagos digitales serán obligatorios. Esa premura refleja la urgencia política de mostrar resultados, pero también la falta de un debate profundo sobre las consecuencias sociales. La digitalización puede ser una herramienta poderosa para transparentar gobiernos estatales y municipales, pero si se convierte en requisito sin considerar las realidades locales, el efecto será contrario: más informalidad, más desconfianza y más desigualdad.

La columna vertebral de esta discusión es la confianza. El dinero en efectivo, pese a sus limitaciones, sigue siendo el medio de pago más utilizado porque ofrece certeza inmediata. Los pagos digitales, en cambio, dependen de sistemas que pueden fallar, ser hackeados o simplemente no estar disponibles. La ley apuesta por un futuro digital, pero el presente exige reconocer que la confianza ciudadana no se construye con decretos, sino con resultados tangibles. La política debe ser crítica y constructiva: modernizar sí, imponer no. La verdadera inclusión no se mide por la cantidad de aplicaciones disponibles, sino por la capacidad de cada ciudadano de acceder a ellas sin quedar marginado.

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