Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La alerta sanitaria emitida por la Cofepris sobre la falsificación y adulteración de medicamentos como Aderogyl, Darzalex y Simponi no es un hecho menor ni aislado. Es un síntoma de la fragilidad institucional en materia de salud pública y de la incapacidad del Estado para blindar la cadena de suministro de productos que deberían ser intocables. Cuando la autoridad reconoce que lotes adulterados circulan en el mercado, la confianza ciudadana se resquebraja y la política nacional queda expuesta a un cuestionamiento legítimo: ¿Qué tan sólido es el sistema de vigilancia sanitaria en México?

El caso de Aderogyl es particularmente grave porque se trata de un medicamento de uso común, asociado al fortalecimiento del sistema inmune. La Cofepris identificó lotes adulterados, algunos sin fecha de caducidad y otros con alteraciones evidentes en los registros. SANOFI AVENTIS DE MÉXICO confirmó que no podía garantizar la pureza ni la calidad de esos productos. En paralelo, Janssen-Cilag detectó lotes inexistentes de Darzalex y Simponi, lo que confirma que la falsificación no se limita a un solo medicamento, sino que se extiende a tratamientos especializados de alto costo. Yo Pregunto, ¿Cómo puede confiar la ciudadanía en un Estado que permite que productos adulterados lleguen a farmacias y hospitales sin un control efectivo?

La Cofepris cumple con su papel al emitir alertas, pero la política nacional de salud no puede reducirse a comunicados en redes sociales. Se requiere un sistema integral de trazabilidad que garantice que cada medicamento que llega a manos de la población sea auténtico. La falsificación de medicamentos no solo implica riesgos directos como la pérdida de eficacia terapéutica o el agravamiento de enfermedades, sino también un impacto indirecto: erosiona la credibilidad de las instituciones y alimenta la percepción de que la salud pública está desprotegida. Yo Pregunto, ¿Qué tan preparados están los mecanismos de supervisión para enfrentar un mercado negro que se infiltra en la vida cotidiana de los ciudadanos?

El problema es doble. Por un lado, la autoridad sanitaria debe reforzar sus mecanismos de inspección y sancionar con rigor a quienes lucran con la salud. Por otro, las farmacéuticas tienen la obligación de garantizar que sus canales de distribución sean impermeables a la falsificación. No basta con identificar irregularidades; se requiere un compromiso activo con la transparencia y la colaboración estrecha con las autoridades. La responsabilidad empresarial en materia de salud no puede limitarse a comunicados, sino a acciones concretas que protejan a los pacientes.

La confianza es la columna vertebral de este debate. Cuando un ciudadano adquiere un medicamento, lo hace bajo la certeza de que ese producto ha pasado por controles rigurosos. Romper esa certeza es abrir la puerta a la incertidumbre y al miedo. La Cofepris debe recuperar credibilidad, pero también necesita demostrar que puede actuar con eficacia y rapidez. La salud no puede ser un terreno fértil para la falsificación ni para la negligencia. La alerta sanitaria es un llamado urgente a replantear la política nacional de salud. No basta con advertir; se requiere un sistema integral que combine tecnología, trazabilidad, sanciones ejemplares y educación ciudadana. La población debe estar informada, pero también empoderada para identificar riesgos y exigir calidad. El Estado, las farmacéuticas y la sociedad tienen la obligación de cerrar filas, porque lo que está en juego no es un lote adulterado, sino la vida misma.

QUEREMOS LEER Y CONOCER TU OPINIÓN, FORMA PARTE DE NOSOTROS COMPARTIENDO EN NUESTRO HASHTAG: #YoDigoYoPregunto.

ANUNCIATE EN: yodigoyopregunto.com

SUSCRÍBETE SIN COSTO ALGUNO A NUESTRO PERIÓDICO yodigoyopregunto.com Y ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN, TU VOZ CUENTA Y TU SUSCRIPCIÓN TAMBIÉN.