Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Congreso mexiquense se enfrenta a una discusión que toca fibras sensibles: el acceso al agua como derecho humano. La propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM, encabezada por José Alberto Couttolenc Buentello y expuesta por la legisladora Miriam Silva Mata, busca reformar la Ley del Agua estatal para garantizar un mínimo de 100 litros diarios por persona, incluso en casos de incumplimiento de pago, infracciones o restricciones derivadas de escasez y mantenimiento. La iniciativa no es menor, pues coloca en el centro de la agenda legislativa la dignidad de las personas frente a un recurso vital que no puede ser tratado como simple mercancía.

La legislación vigente permite suspender hasta un 75 por ciento del suministro por falta de pago o infracciones, pero la propuesta plantea que, aun en esas circunstancias, el prestador del servicio asegure un volumen mínimo indispensable. La iniciativa se apoya en criterios internacionales y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ordenó al municipio de Ecatepec garantizar ese volumen mínimo en beneficio de miles de habitantes.

El catálogo de infracciones en la ley es amplio: desde el uso de volúmenes mayores a los autorizados, la alteración de infraestructura hidráulica, conexiones clandestinas, hasta el suministro de agua sin potabilizar. Sin embargo, la propuesta no elimina sanciones ni responsabilidades, simplemente asegura que, aun en medio de irregularidades, la vida cotidiana de las personas no quede en riesgo.

La intervención de Octavio Martínez Vargas fue puntual al solicitar aclaraciones sobre la fecha de inicio de los recursos judiciales y los alcances de la sentencia de la SCJN. La respuesta de Miriam Silva precisó que la resolución deriva de dos amparos en revisión, con efectos para más de 806 personas, y que actualmente se extiende a 185 colonias de Ecatepec. Este detalle es crucial porque muestra cómo una sentencia puede transformarse en jurisprudencia y, por tanto, en obligación generalizada. La política, en este caso, se convierte en vehículo de justicia, obligando a replantear la infraestructura hidráulica de todo un municipio con presupuesto etiquetado y supervisión judicial.

El debate no se limita a tecnicismos legales, sino que abre la puerta a una reflexión más amplia: el agua como derecho humano reconocido en constituciones y leyes, pero que en la práctica sigue siendo objeto de disputas, carencias y desigualdades. La propuesta del PVEM busca armonizar la legislación estatal con estándares internacionales y nacionales, pero también responde a una realidad concreta: la crisis hídrica que golpea al Estado de México y que se agrava en municipios como Ecatepec, donde las fugas, tomas clandestinas y el huachicoleo del agua son problemas cotidianos.

La iniciativa contempla plazos claros: 180 días para que el Ejecutivo estatal adecue reglamentos y 90 días para que los ayuntamientos y organismos operadores emitan disposiciones administrativas que garanticen el suministro mínimo. Mientras tanto, los prestadores del servicio estarían obligados a cumplir con la entrega de los 100 litros diarios. Este enfoque transitorio es relevante porque evita que la reforma quede en letra muerta y asegura que, desde su entrada en vigor, las personas tengan acceso inmediato a un volumen indispensable.

La discusión parlamentaria revela un consenso incipiente: el agua no puede ser negada bajo ningún pretexto. La pluralidad de voces, desde el PVEM hasta legisladores de Morena, muestra que el tema trasciende colores partidistas. En un contexto de crisis hídrica, la política se humaniza cuando reconoce que la sanción no puede convertirse en castigo mortal.

La respuesta aún está en construcción, pero lo cierto es que el debate ya abrió un camino: el agua como derecho humano efectivo, garantizado en la práctica y no solo en el papel. La iniciativa obliga a pensar en la responsabilidad de los gobiernos municipales, en la necesidad de inversión en infraestructura y en la urgencia de combatir prácticas ilegales que deterioran el servicio. Más allá de las diferencias políticas, lo que está en juego es la vida misma, y el Congreso mexiquense tiene la oportunidad de demostrar que la política puede ser un puente hacia la dignidad y la justicia social.

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