Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Estado de México enfrenta una realidad que no puede maquillarse: la violencia homicida ha encontrado en las motocicletas un vehículo de ejecución rápida y de escape inmediato. Ocho de cada diez homicidios recientes fueron cometidos desde una motocicleta, según datos de la Secretaría de Seguridad estatal. La cifra no es menor, porque revela un patrón criminal que aprovecha la movilidad y la discreción de estos vehículos para sembrar miedo en calles y colonias. En apenas tres días, entre el 21 y el 23 de septiembre, se registraron 22 asesinatos en 20 municipios, con un pico de 15 víctimas en una sola jornada. El fenómeno no es aislado ni casual, es un síntoma de la fragilidad institucional frente a un modus operandi que se repite y se expande.

La decisión de reforzar las revisiones a motocicletas en 20 municipios es una reacción inmediata, pero también plantea dudas sobre su eficacia. Yo Pregunto, ¿Puede una revisión administrativa detener un patrón criminal que se ha consolidado como estrategia de ejecución? La respuesta parece insuficiente si no se acompaña de inteligencia policial, coordinación intermunicipal y un rediseño de la política de seguridad. Revisar papeles y placas puede ser un filtro, pero no desmantela las redes que operan con violencia sistemática.

Los municipios del norte y oriente del Valle de México concentran la mayor parte de los ataques, lo que evidencia un mapa de riesgo que debería orientar las acciones del gobierno estatal. La violencia no se distribuye de manera uniforme, se focaliza en territorios donde la presencia institucional es débil y donde las organizaciones criminales han encontrado terreno fértil. Yo Pregunto, ¿No es acaso un reflejo de abandono que las zonas más golpeadas sean también las más marginadas en servicios públicos y oportunidades de desarrollo? La seguridad no puede desvincularse de la desigualdad, porque allí donde el Estado se ausenta, otros actores llenan el vacío.

La motocicleta, convertida en herramienta de trabajo para miles de familias, se ha transformado también en instrumento de violencia. Esa dualidad obliga a una política pública que distinga entre el uso legítimo y el uso criminal. No se trata de criminalizar a quienes dependen de este vehículo para sobrevivir, sino de reconocer que el mismo medio de transporte puede ser utilizado para fines opuestos. La Secretaría de Seguridad enfrenta el reto de diseñar estrategias que no castiguen al ciudadano común, pero que sí limiten la capacidad operativa de quienes usan la motocicleta como arma.

El impacto social de estos homicidios es devastador. La percepción de inseguridad se multiplica cuando la violencia se vuelve cotidiana y cuando los ataques se realizan en plena vía pública. La ciudadanía observa cómo la motocicleta, símbolo de movilidad económica y práctica, se convierte en amenaza latente. Yo Pregunto, ¿Qué confianza puede tener la población en las instituciones si cada día se repite el mismo patrón de muerte sin que haya resultados visibles? La confianza se construye con acciones concretas, no con discursos, y hoy la exigencia es que las autoridades demuestren capacidad real de respuesta.

La crítica constructiva apunta a la necesidad de un enfoque integral. No basta con operativos de revisión ni con presencia policial temporal. Se requiere inteligencia criminal, coordinación con municipios, fortalecimiento de ministerios públicos y un sistema judicial que no libere a los detenidos por fallas procesales. La violencia desde motocicletas es un síntoma de un problema mayor: la impunidad. Mientras los responsables sepan que pueden matar y escapar sin consecuencias, el patrón seguirá repitiéndose.

El Estado de México enfrenta un dilema que no puede postergarse. La motocicleta seguirá siendo parte de la vida cotidiana, pero no puede seguir siendo el vehículo de la muerte. La política pública debe ser clara: proteger al ciudadano trabajador y desarticular al criminal. La diferencia está en la capacidad institucional de distinguir, actuar y sancionar. La violencia no se combate con medidas superficiales, sino con estrategias profundas que ataquen las raíces del problema. La sociedad exige resultados, y la autoridad tiene la obligación de responder con eficacia y justicia.

QUEREMOS LEER Y CONOCER TU OPINIÓN, FORMA PARTE DE NOSOTROS COMPARTIENDO EN NUESTRO HASHTAG: #YoDigoYoPregunto.

ANUNCIATE EN: yodigoyopregunto.com

SUSCRÍBETE SIN COSTO ALGUNO A NUESTRO PERIÓDICO yodigoyopregunto.com Y ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN, TU VOZ CUENTA Y TU SUSCRIPCIÓN TAMBIÉN.