Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Cuando una institución pierde la credibilidad, lo que sigue es el montaje. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo volvió a demostrar con un boletín que presumía la captura de diez presuntos extorsionadores dentro de la Central de Abasto de Ecatepec. La realidad desmontó la narrativa oficial en cuestión de horas: no hubo operativos, no hubo cateos y no hubo extorsionadores detenidos en el mercado. Lo que sí hubo fue una cacería de chivos expiatorios y la siembra impune de carpetas de investigación contra comerciantes legítimos. Yo Pregunto, ¿Qué clase de justicia se construye sobre la mentira institucional?

El diputado Octavio Martínez Vargas, respaldado por los comerciantes y la representación legal del inmueble, enfrentó directamente a la fiscalía. Su postura fue clara: ninguna de las diez personas fue detenida en la central, se trató de comerciantes y trabajadores capturados en otros puntos, a quienes se les fabricaron acusaciones para simular eficacia. Entre las víctimas figura Alejandro Sánchez Millán, señalado como operador de cobro de piso, y un supuesto líder criminal apodado “El Coronel”, personaje inexistente en el mercado. Yo Pregunto, ¿Qué responsabilidad asume la autoridad cuando destruye reputaciones con nombres inventados?

Este episodio no es aislado. Apenas el año pasado la misma fiscalía aseguró haber encontrado mercancía robada en las bodegas del centro. El caso llegó a tribunales y se demostró la falsedad de la acusación. El patrón es evidente: inventar narrativas para perseguir legal e institucionalmente a los comerciantes. La repetición de estas prácticas revela una consigna contra el centro de abasto, más que un error de investigación. Yo Pregunto, ¿Qué intereses se esconden detrás de esta persecución sistemática?

Las consecuencias económicas y sociales del montaje fueron inmediatas. Las ventas cayeron un 15% por el miedo de proveedores y compradores mayoristas. Más de diez mil trabajadores fueron estigmatizados injustamente, cargando con el desprestigio de una acusación sin sustento. La central prepara demandas por daño moral y responsabilidad administrativa contra los funcionarios que firmaron esta puesta en escena. El golpe no solo es económico, también es moral: se vulnera la confianza de la comunidad y se erosiona el tejido social de un espacio que representa trabajo y esfuerzo colectivo.

La fiscalía, acorralada, guarda silencio. No muestra los videos del C5 ni las grabaciones de las más de doscientas cámaras de seguridad que resguardan el predio. Esa omisión confirma la inexistencia de operativos. Mientras la delincuencia real asfixia las calles del Estado de México, las autoridades prefieren fabricar culpables en escritorios y encarcelar comerciantes legítimos. La exigencia es contundente: cese inmediato a la fabricación de carpetas, liberación de los inocentes y disculpa pública por la difamación cometida contra la Central de Abasto de Ecatepec.

La credibilidad institucional no se recupera con boletines triunfalistas ni con montajes mediáticos. Se recupera con transparencia, con pruebas verificables y con respeto a la dignidad de quienes sostienen la economía popular. La FGJEM enfrenta un dilema: seguir apostando por la ficción o asumir la responsabilidad de reconstruir confianza. Yo Pregunto, ¿Está dispuesta la autoridad a rectificar o seguirá hundiéndose en la mentira?

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