Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Estado de México enfrenta un desafío creciente en materia de movilidad y seguridad vial: el uso de motocicletas como medio de transporte y herramienta de trabajo ha aumentado de manera exponencial, y con ello también los accidentes. La Secretaría de Movilidad, encabezada por Juan Hugo de la Rosa, ha decidido dar un paso más allá de la certificación obligatoria de conductores y prepara la instalación de al menos dos “motoscuelas”, espacios destinados a la capacitación práctica de quienes utilizan este vehículo. La medida busca reducir riesgos y fomentar una cultura de responsabilidad en un contexto donde las cifras son alarmantes: tan solo en 2025 se registraron 6 mil 436 accidentes relacionados con motocicletas, colocando a la entidad en el cuarto lugar nacional.

La estrategia no surge de la improvisación. Desde enero de 2025, la dependencia implementó un programa de certificación obligatoria para obtener licencia de motociclista. Los resultados muestran tanto avances como retos: más de 54 mil procesos realizados en menos de un año, con un porcentaje significativo de personas que reprobaron la evaluación y tuvieron que repetirla. Para julio de 2026, el número de evaluaciones satisfactorias ya superaba las 128 mil, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la necesidad de reforzar la formación. Sin embargo, la certificación por sí sola no garantiza que los conductores desarrollen habilidades prácticas suficientes para enfrentar situaciones de riesgo en las calles y carreteras. De ahí la importancia de las “motoscuelas”.

Yo Pregunto, ¿No es acaso un síntoma de improvisación social que miles de motociclistas circulen sin haber recibido una capacitación adecuada, confiando únicamente en la práctica empírica? La motocicleta ha dejado de ser un vehículo recreativo para convertirse en herramienta de trabajo, especialmente en el sector de entregas y servicios. El cambio de uso exige también un cambio en la política pública: reconocer que se trata de un medio de transporte masivo y que su regulación debe ser proporcional a los riesgos que implica.

La zona oriente del Estado de México concentra cerca del 60% de la actividad relacionada con motocicletas, lo que explica que los primeros proyectos de “motoscuelas” se instalen allí. La decisión es estratégica, pero también revela un desequilibrio territorial: mientras esa región recibe atención prioritaria, otras zonas con creciente número de motociclistas podrían quedar rezagadas. La movilidad segura no puede depender de la geografía, sino de un esquema integral que abarque a toda la entidad. Yo Pregunto, ¿Qué tan eficaz puede ser una política pública que se concentra en un solo territorio cuando el problema es generalizado?

La Secretaría de Movilidad también trabaja en la regulación de los mototaxis, un servicio que ha proliferado sin reglas claras. Con más de 36 mil unidades registradas, de las cuales más de 20 mil operan en la zona oriente, el reto es enorme. La intención oficial no es prohibir, sino establecer normas de operación. El planteamiento es razonable: negar la existencia de los mototaxis sería ignorar una realidad social y económica, pero permitir su funcionamiento sin regulación es abrir la puerta a la inseguridad y al desorden. La regulación, entonces, se convierte en un acto de reconocimiento y de responsabilidad institucional.

La crítica constructiva apunta a la necesidad de coherencia. No basta con certificar, capacitar y regular si las políticas no se acompañan de vigilancia efectiva y campañas de concientización. La educación vial sigue siendo una deuda pendiente. La mayoría de los motociclistas jóvenes carecen de formación en normas de tránsito y seguridad, lo que incrementa la vulnerabilidad en las calles. Yo Pregunto, ¿Por qué la educación vial no se ha integrado de manera obligatoria en los programas escolares, cuando la motocicleta es ya un medio de transporte cotidiano para miles de familias?

El Estado de México enfrenta un dilema: promover la movilidad alternativa y económica que representan las motocicletas, pero al mismo tiempo garantizar que esa movilidad no se traduzca en tragedias. La instalación de “motoscuelas” es un paso en la dirección correcta, pero no puede quedarse en un proyecto aislado. Se requiere un sistema integral que combine capacitación, certificación, regulación y educación. La seguridad vial no es un asunto exclusivo de las autoridades, sino una responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad y usuarios. La motocicleta, como símbolo de modernidad y practicidad, debe dejar de ser un vehículo de riesgo para convertirse en un medio seguro y confiable. Esa es la verdadera meta de una política pública que aspire a ser efectiva y justa.

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