Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El embarazo adolescente en el Estado de México muestra una ligera tendencia a la baja en los registros generales, pero la velocidad del descenso se ha ralentizado justo cuando el tiempo apremia frente a las metas planteadas para la erradicación del problema en las menores de quince años. En dos años, los nacimientos en jóvenes de diez a diecinueve años disminuyeron en más de dos mil setecientos casos al pasar de veintiocho mil seiscientos noventa y dos en dos mil veintitrés a veinticinco mil novecientos seis en dos mil veinticinco. Sin embargo, en el grupo de diez a catorce años la reducción apenas alcanzó ochenta y seis casos en el mismo periodo, cerrando el último año con setecientos diecinueve nacimientos. Este comportamiento exige detener el análisis numérico superficial y cuestionar a fondo la efectividad de las instituciones frente a la realidad de las niñas y adolescentes.

Yo Pregunto ¿Es posible cumplir el compromiso de erradicar el embarazo en niñas menores de quince años hacia dos mil treinta si las políticas públicas continúan aplicando fórmulas homogéneas para realidades drásticamente distintas? Agrupar bajo una misma categoría estadística a una niña de diez años y a una joven de diecinueve constituye un error conceptual de fondo. Una adolescente cercana a la mayoría de edad requiere estrategias para retomar el proyecto educativo, adquirir capacitación laboral técnica de verdadero impacto y prevenir un segundo embarazo. Por el contrario, cuando una niña menor de quince años resulta embarazada, la prioridad no puede ser únicamente la atención del parto y el puerperio; se exige una intervención inmediata del sistema de procuración de justicia para investigar los delitos sexuales cometidos por adultos que imponen la maternidad.

La falta de coordinación en los tres niveles de gobierno mantiene un vacío operativo preocupante. Las autoridades municipales, por su cercanía con la población, deberían encabezar la respuesta territorial; sin embargo, carecen de personal especializado. En la práctica, el mismo equipo técnico atiende padrones de apoyo social, contingencias de protección civil y programas de salud, lo que diluye la capacidad de identificar y dar seguimiento a los casos complejos.

Yo Pregunto ¿Cómo pretenden las instituciones reintegrar a las jóvenes al sistema escolar si la enorme mayoría ya se encontraba fuera de las aulas antes de gestar? El procesamiento de los registros oficiales revela que cerca del ochenta y ocho por ciento de las madres adolescentes en dos mil veinticinco ya había abandonado los estudios de manera previa a la gestación. El embarazo no fue la causa principal de la deserción, sino una consecuencia derivada de la vulnerabilidad y la falta de alternativas socioeducativas. El sistema educativo ha fallado en retener a las menores, y las capacitaciones posteriores suelen encasillarlas en talleres de baja calificación comercial que perpetúan la dependencia económica y la pobreza.

En el ámbito de la salud, la desprotección es crítica. Ocho de cada diez madres adolescentes no cuentan con afiliación a la seguridad social. La atención médica se reduce al evento obstétrico, dejando desamparados el seguimiento posterior y los cuidados pediátricos del recién nacido. Esta carencia evidencia el retroceso en la cobertura médica pública universal frente a los esquemas vigentes hace una década.

Yo Pregunto ¿Por qué se insiste en aplicar estrategias idénticas en municipios con dinámicas territoriales completamente opuestas? La distribución geográfica muestra dos caras de un mismo problema. Por un lado, demarcaciones con alta densidad poblacional como Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca concentran el mayor volumen absoluto de nacimientos. Por otro lado, municipios como Ixtapan del Oro, San José del Rincón, Donato Guerra, Santo Tomás, Tlatlaya y Tejupilco presentan las tasas de incidencia más altas por cada mil habitantes.

Atender esta problemática requiere abandonar la inercia burocrática y los discursos triunfalistas sobre reducciones porcentuales marginales. Es indispensable diferenciar los rangos de edad, judicializar de inmediato los casos que involucren a menores de catorce años, profesionalizar las células de atención municipal y garantizar el acceso real a la salud y a una educación capaz de ofrecer una alternativa de vida digna.

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