Por. YODIGOYOPREGUNTO.COM

Congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, encabezados por José Francisco Vázquez Rodríguez y Martha Azucena Camacho Reynoso, acompañaron el Primer Informe de Labores del Poder Judicial a cargo de Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El acto no fue un mero protocolo, sino un momento que refleja la magnitud de la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, que transformó la estructura judicial y abrió paso a nuevas reglas de elección y funcionamiento. La presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó la importancia de la coordinación entre poderes para sostener la transformación institucional que vive la entidad.

El informe de Héctor Macedo destacó que la reforma no solo modificó la integración de los tribunales de alzada, sino que también reguló la nulidad de juicios concluidos, un tema sensible que toca directamente la confianza ciudadana en la justicia. En este contexto, la creación del Juzgado LIBRE se presentó como una respuesta inmediata y multidisciplinaria para atender a mujeres, niñas y adolescentes en riesgo de violencia.

La propuesta del Juzgado LIBRE fue resultado de la colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y figuras como Francisco Vázquez, José Luis Cervantes Martínez y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, lo que muestra que la reforma judicial no es obra de un solo actor, sino de una suma de voluntades. Sin embargo, la consolidación de este órgano jurisdiccional dependerá de que el respaldo político se traduzca en presupuesto, capacitación y seguimiento real.

El proceso de renovación judicial iniciado en 2025, con la toma de protesta de 91 integrantes, incluidas 30 magistraturas del TSJEM, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial y 55 juezas y jueces, marcó un hito histórico. Por primera vez, la elección de personas juzgadoras por voto popular se alineó con la reforma federal, lo que abre un debate sobre la independencia judicial frente a la presión política y social.

La gobernadora Delfina Gómez reconoció que la coordinación entre poderes es esencial, pero también dejó claro que la transformación requiere continuidad y vigilancia. La aprobación de reformas secundarias para regular la presidencia del TSJEM y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial son pasos que buscan blindar la institución contra excesos y prácticas opacas. No obstante, el verdadero reto será demostrar que estas reformas no se quedan en el papel, sino que impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El Poder Judicial mexiquense enfrenta una etapa de transición que exige resultados tangibles. La ciudadanía espera que las audiencias públicas, los juicios en línea y los nuevos órganos jurisdiccionales se conviertan en herramientas reales de acceso a la justicia. La crítica constructiva apunta a que, si bien se han dado pasos importantes, aún falta consolidar un sistema que garantice imparcialidad, transparencia y cercanía con la sociedad. La voz editorial debe señalar que la reforma judicial no puede medirse solo en cifras o nombramientos, sino en la capacidad de evitar injusticias, procesar con rigor y proteger a los más vulnerables.

En conclusión, el Primer Informe de Héctor Macedo no solo rindió cuentas, sino que abrió un debate sobre el rumbo del Poder Judicial en el Estado de México. La LXII Legislatura, el Ejecutivo y el propio Tribunal Superior de Justicia tienen la responsabilidad de demostrar que la reforma constitucional y sus derivados no son un ejercicio político, sino un compromiso real con la justicia social.

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