Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Desde hace más de ocho años, los pensionados del ISSEMyM han sido relegados de la máxima instancia de gobierno del instituto. La ausencia de representación en el Consejo Directivo no es un detalle menor, es un síntoma de cómo se ha debilitado la voz de quienes sostienen con sus aportaciones el sistema de seguridad social del Estado de México y Municipios. Everardo López Pérez, al frente de la Unión de Pensionados y Pensionistas, lo ha señalado con claridad: cerca de 90 mil personas han quedado sin voz ni voto en un espacio donde se deciden presupuestos, programas y el destino de los recursos. La pregunta que surge es inevitable: Yo Pregunto, ¿Cómo puede hablarse de justicia social si se excluye a quienes son parte esencial del instituto?

El Consejo Directivo está conformado por figuras públicas como Mónica Chávez Durán, titular de la Oficialía Mayor, y Antonio Jaymes Núñez, director general del ISSEMyM, además de representantes de secretarías, poderes y sindicatos. Sin embargo, la silla que debería ocupar la representación de los pensionados permanece vacía. Esa ausencia es más que un acto administrativo, es un acto de discriminación, como lo ha calificado López Pérez. Porque cuando se niega la participación, se niega también la posibilidad de incidir en decisiones que afectan directamente la vida de miles de personas.

La crítica no busca destruir, sino señalar lo evidente: el ISSEMyM ha dejado de escuchar a quienes, aun retirados, siguen aportando parte de su pensión para sostenerlo. Es un contrasentido que quienes financian el instituto no tengan derecho a opinar sobre cómo se administran los recursos. Yo Pregunto, ¿Qué legitimidad puede tener un órgano de gobierno que excluye a un sector tan amplio y directamente involucrado?

La Unión de Pensionados y Pensionistas no es un grupo marginal, es una organización con 58 años de existencia, con historia, con legitimidad y con capacidad de movilización. El llamado que hacen sus dirigentes no es un capricho, es una exigencia de inclusión. Y si las autoridades insisten en ignorar esa demanda, el riesgo de que se traduzca en movilizaciones es real. No se trata de amenazas, se trata de la consecuencia natural de un descontento acumulado durante años.

El análisis obliga a reconocer que la exclusión de los pensionados refleja una visión reducida de la gestión pública. Se privilegia la voz de funcionarios y sindicatos, pero se margina a quienes representan la experiencia de haber sostenido durante décadas el sistema. Esa exclusión erosiona la confianza y alimenta la percepción de que las decisiones se toman de espaldas a la ciudadanía. Yo Pregunto, ¿Qué tan sostenible puede ser un modelo que se financia con aportaciones de quienes no tienen derecho a decidir?

La situación actual del ISSEMyM exige un replanteamiento profundo. No basta con reconocer la importancia de los pensionados en discursos, es necesario darles un lugar real en la toma de decisiones. La representación no es un favor, es un derecho. Y restituirla sería un acto de justicia que fortalecería la legitimidad del Consejo Directivo. Porque un instituto que se dice de seguridad social no puede sostenerse sobre la exclusión de quienes forman parte de su base.

El juicio constructivo apunta a que el ISSEMyM necesita abrir sus puertas a la pluralidad de voces. La presencia de los pensionados en el Consejo Directivo no solo enriquecería el debate, también aportaría la perspectiva de quienes conocen de primera mano las carencias y necesidades del sistema. Ignorarlos es perpetuar un modelo de decisiones cerradas, alejadas de la realidad cotidiana de los derechohabientes.

La columna vertebral de cualquier institución pública es la confianza. Y esa confianza se construye con inclusión, con transparencia y con participación. El ISSEMyM tiene frente a sí la oportunidad de corregir un error que lleva más de ocho años. Restituir la representación de los pensionados sería un paso hacia la reconciliación con quienes han sido invisibilizados. Sería también un mensaje claro de que la seguridad social no se administra desde la exclusión, sino desde la integración de todas las voces.

La crítica es clara: no se puede hablar de un instituto sólido mientras se margina a quienes lo sostienen. La voz de los pensionados debe volver al Consejo Directivo, no como concesión, sino como reconocimiento de su papel fundamental. Porque sin ellos, el ISSEMyM pierde legitimidad, pierde credibilidad y, sobre todo, pierde la esencia de lo que debería ser: un espacio de justicia social.

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