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La sesión pública número 18 del Tribunal Electoral del Estado de México dejó claro que la violencia política en razón de género no puede seguir disfrazándose de opinión ni de crítica ligera. Al sancionar a José Luis Gutiérrez Cureño y al periodista Juan Manuel Padrón Lara por expresiones dirigidas contra una Diputada Local de Morena, se reconoce que frases como “la niña que quiere ser presidenta municipal” o insinuaciones sobre vínculos personales con funcionarios no son simples comentarios, sino ataques que buscan minar la credibilidad de una mujer en el ejercicio de su función pública.

El fallo ordena su inscripción en registros nacionales y estatales de sancionados, además de imponerles una disculpa pública y cursos de sensibilización, medidas que no deben verse como castigo sino como un intento de reeducar a quienes ejercen influencia. Lo preocupante es que figuras con trayectoria política y presencia mediática recurran a estereotipos caducos para desacreditar, mostrando que aún persiste una cultura que normaliza la descalificación de las mujeres en espacios de poder.

La política exige confrontación de ideas, pero no tolera la humillación disfrazada de debate. Este precedente obliga a replantear la manera en que se ejerce la crítica pública: se puede cuestionar la capacidad, las propuestas o los resultados de cualquier servidor, pero jamás reducir su papel a prejuicios de género. La democracia se construye con respeto y argumentos, no con frases que perpetúan desigualdad.

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