Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La discusión sobre la ley que busca enfrentar el feminicidio en México ha puesto en evidencia una contradicción que no puede ignorarse: sin recursos, cualquier iniciativa se convierte en letra muerta. Fiscales, activistas, académicas y legisladoras han señalado con claridad que el proyecto presidencial requiere presupuesto adicional para cumplir con las nuevas obligaciones que plantea. No basta con redactar un marco legal más estricto si no se acompaña de la capacidad real para aplicarlo. La pregunta es directa: ¿Cómo se pretende combatir un fenómeno tan grave si no se asignan los fondos necesarios para fortalecer ministerios públicos, capacitar personal, garantizar refugios y asegurar acompañamiento integral a las víctimas?

El feminicidio no es un problema aislado ni reciente, es una herida abierta que atraviesa a la sociedad mexicana y que exige respuestas contundentes. Sin embargo, las respuestas no pueden quedarse en discursos ni en reformas que se anuncian con solemnidad pero carecen de sustento económico. La experiencia demuestra que las leyes sin presupuesto terminan siendo promesas incumplidas. Los ministerios públicos saturados, las policías sin capacitación y los tribunales sin perspectiva de género son prueba de que la falta de inversión se traduce en impunidad. Y la impunidad, en este caso, significa vidas perdidas.

La crítica de las legisladoras y activistas apunta a un punto esencial: la necesidad de ampliar el proceso de consulta. Una ley que pretende enfrentar el feminicidio no puede construirse desde la distancia, debe escuchar a quienes han estado en la primera línea de la defensa de las mujeres. Las organizaciones civiles, los colectivos feministas y las académicas han acumulado experiencia y conocimiento que no puede ser ignorado. Incluir sus voces no es un gesto de cortesía, es una obligación democrática. ¿De qué sirve aprobar una ley si quienes la aplicarán y quienes la padecen no fueron parte de su diseño?

El Estado mexicano enfrenta un dilema que no puede seguir postergando. Por un lado, se reconoce la gravedad del feminicidio y se busca responder con nuevas normas. Por otro, se mantiene la práctica de aprobar leyes sin garantizar los recursos para implementarlas. Esa contradicción debilita la confianza ciudadana y perpetúa la percepción de que la política se mueve más por la urgencia de anunciar que por la voluntad de transformar. La ciudadanía exige coherencia: si se reconoce que el feminicidio es una emergencia nacional, entonces debe tratarse como tal, con presupuesto prioritario y con mecanismos de evaluación claros.

La responsabilidad no recae únicamente en el Ejecutivo. El Congreso tiene la obligación de discutir y aprobar partidas presupuestales que hagan viable la ley. Los gobiernos estatales y municipales deben comprometerse a destinar recursos propios y a coordinarse con las instancias federales. La lucha contra el feminicidio no puede depender de voluntades aisladas, requiere un esfuerzo articulado y sostenido. Tres décadas de violencia de género han demostrado que las medidas parciales no bastan. Se necesita una política integral que combine prevención, atención y sanción, y esa política no puede existir sin financiamiento.

El juicio constructivo es claro: la iniciativa presidencial abre una oportunidad, pero esa oportunidad se perderá si no se acompaña de recursos y de una consulta amplia. La sociedad mexicana no puede aceptar más leyes simbólicas, necesita acciones concretas. Cada feminicidio es un fracaso del Estado y cada omisión presupuestal es una forma de complicidad. La crítica de fiscales, activistas y legisladoras no debe ser vista como oposición, sino como una advertencia que busca evitar que la ley nazca debilitada. Escuchar esas voces es un acto de responsabilidad política.

La modernización del marco legal es necesaria, pero la modernización de la política pública es urgente. Combatir el feminicidio exige voluntad, pero también dinero, personal capacitado y estructuras sólidas. Sin esos elementos, la ley será un documento más en los archivos oficiales. Con ellos, puede convertirse en un instrumento real de protección y justicia. El Estado de México y el país entero no pueden seguir atrapados en la paradoja de reconocer la violencia y al mismo tiempo negarse a invertir en su combate. La democracia se mide también en la capacidad de proteger a las mujeres, y esa capacidad se demuestra con hechos, no con discursos.

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