Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Congreso del Estado de México aprobó la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal, con el objetivo de fortalecer el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta decisión se concretó mediante la expedición de nuevas leyes en la materia y la reforma de cinco ordenamientos vigentes, lo que marca un rediseño institucional de gran alcance. El dictamen fue resultado de las iniciativas impulsadas por Gerardo Pliego Santana y Delfina Gómez Álvarez, quienes plantearon la necesidad de sustituir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

El documento, leído por Gerardo Pliego en su calidad de presidente de la Comisión para el Combate a la Corrupción, subraya que este nuevo marco jurídico perfecciona la normativa existente, incorpora una visión moderna y fortalece principios de austeridad y simplificación administrativa. La propuesta busca racionalizar la estructura gubernamental y acercar los mecanismos de transparencia a la ciudadanía, garantizando tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales.

Transparencia Mexiquense se erige como la autoridad garante local, en coordinación con las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial, así como con los órganos internos de control de organismos autónomos. Además, se establece el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, presidido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría, cuya misión será evaluar la gestión pública, promover la cultura de la transparencia y asegurar la rendición de cuentas.

Durante el debate legislativo, Octavio Martínez Vargas defendió la reforma al señalar que se trata de un proceso de armonización con la legislación federal, en el cual se preservan derechos ciudadanos y se reorientan recursos antes destinados a privilegios burocráticos hacia programas sociales, educación y servicios públicos. Su postura reflejó el respaldo de la mayoría parlamentaria que considera la medida como un paso hacia la eficiencia gubernamental.

En contraste, voces opositoras como Eduardo Zarzosa Sánchez, Rocío Alexia Dávila Sánchez, Ruth Salinas Reyes y Omar Ortega Álvarez coincidieron en advertir riesgos de retroceso. Argumentaron que al depender del Ejecutivo, Transparencia Mexiquense pierde independencia y autonomía, lo que compromete su capacidad de vigilancia. Zarzosa enfatizó que gran parte de las bases de datos abiertas del gobierno federal se encuentran abandonadas desde la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, lo que genera dudas sobre la viabilidad del nuevo esquema. Dávila aportó cifras del Infoem que muestran la alta demanda ciudadana en solicitudes de información y recursos de revisión, mientras que Salinas criticó la ausencia de requisitos claros para la designación de la persona titular del organismo. Ortega, por su parte, calificó el dictamen como un retroceso de más de tres décadas en materia de transparencia.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establece principios y procedimientos para garantizar el derecho ciudadano frente a cualquier autoridad, organismo autónomo o entidad que ejerza recursos públicos. Asimismo, obliga a los sujetos responsables a constituir comités y unidades de transparencia, integrados de manera colegiada, con resoluciones adoptadas por mayoría de votos.

El Subsistema de Transparencia contará con la participación de las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial, además de órganos internos de control de instituciones clave como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma del Estado de México. También se sumarán representantes municipales designados por insaculación, lo que busca garantizar una cobertura territorial amplia.

En paralelo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece bases para el tratamiento adecuado de la información personal, asegurando derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos expeditos. Con ello se pretende proteger la privacidad de los ciudadanos frente a cualquier autoridad o entidad pública.

El dictamen incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Archivos y Administración de Documentos, la Ley del Sistema Anticorrupción y los códigos Administrativo y Financiero. Además, se abrogan las leyes publicadas en 2016 y 2017, y se ordena la liquidación del Infoem mediante una Comisión Transitoria de Transferencia que asumirá sus recursos y funciones.

La aprobación de Transparencia Mexiquense refleja un choque de visiones: por un lado, quienes defienden la austeridad y la simplificación administrativa como herramientas para fortalecer la confianza ciudadana; por otro, quienes advierten que la dependencia del Ejecutivo puede debilitar los contrapesos institucionales y comprometer la autonomía en la vigilancia del poder. El desenlace marcará el rumbo de la transparencia en el Estado de México, entre la promesa de eficiencia y el riesgo de retroceso en garantías ciudadanas.

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