Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La violencia política en razón de género no es un tema menor ni un asunto aislado: es una práctica que busca silenciar, desacreditar y expulsar a las mujeres de los espacios de poder. El caso de Azucena Cisneros Coss en Ecatepec es prueba contundente de ello. El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) acreditó que durante el pasado proceso electoral se ejerció violencia política contra la entonces candidata de Morena, confirmando lo que durante meses fue denunciado públicamente.

El diputado Octavio Martínez Vargas señaló que la resolución dentro del Procedimiento Especial Sancionador PES/247/2024, emitida en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio ST-JDC-118/2026, confirma que la llamada “guerra sucia” no fue espontánea, sino una operación financiada para vulnerar los derechos político-electorales de Cisneros.

El responsable directo, según el fallo, fue Juan Gabriel Salazar Martínez, quien financió la difusión de un video y material digital con expresiones basadas en estereotipos de género. El objetivo era claro: desacreditar la imagen de Azucena Cisneros y minar su dignidad en plena contienda electoral. El Tribunal determinó que estas acciones constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), un delito que no puede normalizarse ni quedar impune.

“Hoy el Tribunal acredita que no se trató de una campaña espontánea, sino de acciones financiadas para vulnerar sus derechos político-electorales. Esta resolución representa un precedente para que nadie vuelva a utilizar la violencia política en razón de género como estrategia electoral”, afirmó Octavio Martínez Vargas.

La decisión del TEEM no solo sanciona a Salazar Martínez con una amonestación pública, sino que lo obliga a cumplir medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Además, instruyó informar de inmediato a la Sala Regional Toluca sobre el cumplimiento del fallo.

Este precedente fortalece la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y envía un mensaje inequívoco: quienes pretendan lucrar con el desprestigio y la violencia de género en campañas electorales enfrentarán la ley. La democracia no puede construirse sobre la exclusión ni sobre la humillación de las mujeres.

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