Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El Congreso del Estado de México enfrenta un señalamiento que no puede pasar desapercibido: ha incumplido el plazo constitucional para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM). El Diputado Octavio Martínez Vargas sostiene que la Legislatura debió aprobar las leyes secundarias desde el 2 de febrero, con el fin de concluir la armonización de la reforma en materia de transparencia. Hoy, seis meses después, el organismo sigue en funciones, junto con sus comisionados, en un escenario que refleja negligencia parlamentaria y falta de respeto al mandato constitucional.

La reforma en materia de transparencia establecía con claridad que el INFOEM debía desaparecer para dar paso a un nuevo esquema nacional, con reglas homogéneas y atribuciones definidas. Sin embargo, la omisión legislativa ha generado un vacío jurídico que mantiene en operación a un organismo que ya no debería existir. Para Octavio Martínez, este retraso no es un simple descuido administrativo: es una muestra de cómo la política puede convertirse en obstáculo para el derecho ciudadano a la información.

El legislador mexiquense advierte que la permanencia del INFOEM y de sus comisionados no solo contradice la Constitución, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. “Cada día de retraso es un golpe a la transparencia y un exceso que no puede justificarse”, ha señalado. La crítica es contundente: el Congreso ha fallado en su responsabilidad de garantizar certeza jurídica y cumplir con los plazos que la propia reforma estableció.

El problema, además, abre la puerta a suspicacias. ¿Por qué mantener en funciones a un organismo que debía extinguirse? ¿Qué intereses se esconden detrás de esta demora? La falta de claridad alimenta la percepción de que existen resistencias internas para concluir la transición, resistencias que terminan por afectar directamente a la sociedad mexiquense, que exige transparencia y rendición de cuentas.

Martínez Vargas insiste en que la Legislatura debe actuar de inmediato. Aprobar las leyes secundarias no es un trámite burocrático: es una obligación constitucional y un compromiso con la ciudadanía. La transparencia no puede ser rehén de la negligencia parlamentaria ni de cálculos políticos. La demora, además de ilegal, es inmoral, porque priva a los ciudadanos de un sistema confiable para acceder a la información pública.

En este contexto, resulta indispensable recordar que la transparencia es un derecho, no una concesión. La sociedad mexiquense tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones, cómo se ejercen los recursos y cómo se cumplen las leyes. Cuando el Congreso incumple, no solo falla a la Constitución: falla a la confianza de millones de ciudadanos que esperan instituciones responsables y comprometidas.

La exigencia del Diputado Octavio Martínez es clara: concluir la armonización de la reforma y extinguir al INFOEM de manera inmediata. No hacerlo significa prolongar la incertidumbre y mantener en funciones a quienes ya no deberían tener facultades. La política debe ser instrumento de certeza, no de confusión.

En yodigoyopregunto.com seguiremos atentos a este proceso, porque informar también es exigir que las instituciones cumplan con la Constitución y con la sociedad que representan. La transparencia no admite retrasos ni excusas: es el pilar de una democracia que se respeta a sí misma.

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