Vida Pública.

Por: ARTURO HUICOCHEA.

La inseguridad en el Estado de México estrenó esta semana un nuevo protagonista: dos supuestos robots para tareas de vigilancia. La imagen era impecable. Tecnología, innovación e inteligencia artificial al servicio de la seguridad. La pregunta incómoda también es inevitable: ¿se trata realmente de equipos especializados para funciones policiales o de dispositivos comerciales similares —o incluso los mismos— que cualquiera puede adquirir en plataformas de venta por internet?

Si la apuesta era generar confianza, el efecto podría ser exactamente el contrario.
Porque el problema no son los robots. El problema es creer que la seguridad pública puede sustituirse con escenografía tecnológica.

La llamada Cuarta Transformación aseguró que el simple cambio político modificaría las condiciones que generaban violencia e inseguridad. Después vino la política de «abrazos, no balazos», bajo la premisa de que atender las causas resolvería el problema. Atender las causas siempre ha sido necesario; renunciar a la aplicación efectiva de la ley, nunca. Hoy, tras casi ocho años, la realidad es contundente: México acumuló el sexenio más violento de su historia y el Estado de México continúa entre las entidades con mayores niveles de victimización e incidencia delictiva.
La violencia no disminuyó por decreto. Tampoco desaparecerá con robots.

Hace más de dos décadas que los gobiernos invierten miles de millones de pesos en cámaras, centros de monitoreo, arcos carreteros, drones, software, lectores de placas y cada vez más sofisticados C4 y C5. Sin embargo, la delincuencia continúa. No porque la tecnología sea inútil, sino porque se pretende que haga el trabajo que la ley asigna a las instituciones.
Las cámaras observan. Los robots recorren espacios. El C5 recibe información. Pero ninguno investiga delitos.

Y ahí está el verdadero fracaso.
La ENVIPE del INEGI confirma año tras año que más del 90 por ciento de los delitos permanece en la impunidad. El delincuente no deja de robar porque haya una cámara; deja de hacerlo cuando sabe que será identificado, detenido, investigado, procesado y sentenciado.

Esa cadena comienza con la policía.
Desde la reforma constitucional de 2008, las policías dejaron de ser simples patrulleros. También tienen responsabilidades de investigación bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Sin embargo, esa obligación sigue siendo, paradójicamente, la menos comprendida por muchos gobiernos.
La prueba apareció hace apenas unos días.

El propio Presidente Municipal de Metepec, en reciente conversación digital, afirmó que las personas detenidas son liberadas por culpa de la Fiscalía. La afirmación revela una preocupante incomprensión del sistema penal, que es constante en las personas que gobiernan. Cuando una detención fracasa, muchas veces ocurre porque la policía no investigó adecuadamente, no preservó indicios, integró deficientemente la puesta a disposición o presentó insuficientes datos de prueba. Culpar automáticamente al Ministerio Público es ignorar la responsabilidad constitucional de la propia policía.

Nuestro mejor especialista Bernardo León Olea ha documentado que las policías municipales realizan el mayor número de detenciones con el menor costo operativo del sistema de seguridad. Son, probablemente, la institución con mayor rendimiento por peso invertido. Paradójicamente, también son las peor pagadas, las menos capacitadas y las más abandonadas presupuestalmente.

Por eso la solución no pasa por adquirir más aparatos, sino por fortalecer las capacidades institucionales. El C5 debe dejar de concebirse únicamente como un centro de vigilancia y convertirse en un verdadero centro de inteligencia para la investigación criminal. Las policías municipales deben recuperar su papel como policías de proximidad y de investigación, con mejores salarios, capacitación permanente, tecnología útil y evaluación basada en la reducción de la impunidad, no en el número de patrullas, cámaras o conferencias de prensa.

La innovación tecnológica tiene un lugar importante, pero jamás sustituirá el trabajo policial. La verdadera transformación llegará cuando cada delito sea investigado profesionalmente, cuando las detenciones concluyan en sentencias y cuando los gobiernos comprendan que la seguridad pública no se mide por los equipos que compran, sino por los delincuentes que enfrentan la justicia.

Mientras eso no ocurra, los robots podrán recorrer plazas, los monitores seguirán mostrando imágenes y el C5 continuará acumulando pantallas para apantallar a sus selectos visitantes. Y la impunidad, mientras tanto, seguirá patrullando libremente.

Arturo Huicochea.

@ArturoHuicochea