Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La reciente decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de prohibir nuevos permisos ambientales para proyectos mineros dentro de Áreas Naturales Protegidas marca un punto de inflexión en la política ambiental mexicana. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación no es un gesto simbólico, es una medida concreta que busca frenar la expansión de una industria que históricamente ha dejado huellas profundas de devastación en ecosistemas frágiles. La minería, con su capacidad de alterar suelos, contaminar aguas y desplazar comunidades, ha sido uno de los sectores más cuestionados por su impacto ambiental. Ahora, el Estado mexicano parece reconocer que hay territorios donde simplemente no se puede seguir negociando con la naturaleza.

La crítica constructiva debe señalar que esta decisión llega tarde, pero llega. Durante décadas, las Áreas Naturales Protegidas han sido vulneradas por intereses económicos disfrazados de desarrollo. El cierre de la puerta a nuevos proyectos mineros es un paso en la dirección correcta, aunque no resuelve el problema de los permisos ya otorgados ni de las operaciones que continúan bajo amparos legales. La pregunta es si la Semarnat tendrá la capacidad de sostener esta política frente a la presión de empresas y gobiernos locales que ven en la minería una fuente de ingresos inmediatos. La experiencia nos dice que las leyes en México suelen ser letra muerta si no hay vigilancia, sanciones y voluntad política para aplicarlas.

El acuerdo también abre un debate sobre el modelo de desarrollo que queremos. ¿Seguiremos apostando por industrias extractivas que agotan recursos y generan conflictos sociales, o avanzaremos hacia un esquema de economía sustentable que valore la biodiversidad como patrimonio estratégico? La minería en zonas protegidas no solo destruye hábitats, también compromete la seguridad hídrica y alimentaria de comunidades enteras. En un país donde la crisis ambiental se cruza con la desigualdad social, proteger las reservas federales es proteger la vida misma.

La columna vertebral de esta medida es la defensa de lo común. Las Áreas Naturales Protegidas no son propiedad de una empresa ni de un gobierno en turno, son patrimonio colectivo. La Semarnat, al cerrar la puerta a nuevos proyectos mineros, envía un mensaje claro: hay límites que no deben cruzarse. Sin embargo, la ciudadanía debe mantenerse vigilante. La historia nos ha enseñado que las decisiones ambientales pueden revertirse con un cambio de administración o con la presión de intereses económicos. Por eso, más allá del acuerdo, lo que se necesita es una cultura política que entienda que la naturaleza no es un recurso infinito, sino un sistema vital que sostiene nuestra existencia.

En conclusión, la medida de Semarnat es un avance que merece reconocimiento, pero también exige seguimiento. No basta con prohibir nuevos permisos, hay que garantizar que los actuales se revisen, que las comunidades afectadas sean escuchadas y que la protección de las reservas se convierta en política de Estado, no en coyuntura administrativa. La minería en Áreas Naturales Protegidas debe ser un capítulo cerrado, y este acuerdo es apenas la primera página de esa historia.

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