Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El magisterio estatal mexiquense ha recibido un aumento salarial que, sin duda, representa un paso hacia la dignificación de su labor. Es un logro que reconoce la importancia de los docentes y que fortalece la educación pública en un momento en que la sociedad exige calidad y compromiso. Sin embargo, este avance no puede ocultar una realidad que sigue siendo incómoda y que se arrastra desde hace años: la situación de los servidores públicos que, pese a su responsabilidad total y a su permanencia en funciones, continúan trabajando bajo contrato, sin plaza, sin base y sin aumentos de sueldo.

La crítica constructiva obliga a señalar que el salario es solo una parte de la dignificación laboral. La otra, igualmente vital, es la estabilidad. ¿De qué sirve un aumento si el trabajador vive con la incertidumbre de que su contrato puede no ser renovado? La educación y los servicios públicos requieren continuidad, compromiso y arraigo, y eso solo se logra cuando el servidor público sabe que su esfuerzo será respaldado por un nombramiento estable. El problema es que, en muchos casos, esa estabilidad no depende de la trayectoria ni del mérito, sino del apoyo de las cúpulas políticas de alto nivel, un privilegio que la mayoría de los servidores públicos no tiene.

El magisterio mexiquense ha demostrado que la organización y la exigencia legítima pueden abrir puertas. Pero la justicia laboral no puede ser selectiva ni condicionada por intereses políticos. Los trabajadores administrativos, técnicos y de apoyo también forman parte del engranaje que permite que las escuelas funcionen, que los programas se ejecuten y que los servicios lleguen a la ciudadanía. Ellos, pese a su responsabilidad total, siguen siendo tratados como temporales, invisibles en la agenda de las grandes reformas. La contradicción es evidente: mientras unos celebran un aumento que los coloca en mejor posición, otros permanecen atrapados en la precariedad contractual, sin aumentos y sin certeza de continuidad.

La crítica responsable no busca descalificar el avance logrado, sino señalar que el camino hacia la verdadera dignificación laboral aún está incompleto. El reto ahora es ampliar la visión: no basta con aumentar salarios, hay que garantizar estabilidad; no basta con reconocer a unos, hay que incluir a todos; no basta con celebrar avances, hay que atender las deudas pendientes. La plaza con base no es un privilegio, es un derecho que asegura continuidad, experiencia acumulada y compromiso institucional. Negar esa oportunidad es perpetuar la precariedad y minar la confianza en las instituciones.

La voz de quienes trabajan por contrato debe ser escuchada. Son servidores públicos que han demostrado lealtad, capacidad y compromiso. Han sostenido funciones esenciales sin la certeza de un futuro laboral seguro. Ignorarlos es una contradicción que erosiona la credibilidad del discurso oficial. Atenderlos, en cambio, sería un acto de justicia que consolidaría la confianza en el gobierno y fortalecería la estructura educativa y administrativa del Estado de México.

El magisterio estatal mexiquense va de bien a mejor, y eso merece reconocimiento. Pero la dignificación plena exige que nadie quede atrás. El aumento salarial es un paso, pero la base laboral es el verdadero cimiento. La justicia laboral no se mide solo en pesos, sino en estabilidad, equidad y respeto a la trayectoria. El reto está planteado: avanzar hacia un sistema donde todos los servidores públicos, sin excepción, tengan acceso a condiciones dignas, justas y coherentes con la responsabilidad que desempeñan.

La crítica constructiva señala que la política laboral no puede seguir siendo rehén de las cúpulas políticas. La estabilidad y los aumentos de sueldo no deben depender de favores ni de vínculos de poder, sino de la trayectoria y del mérito. La dignificación laboral exige transparencia, equidad y justicia. El magisterio estatal mexiquense ha avanzado, sí, pero la deuda con los contratados sigue pendiente. Y mientras esa deuda no se atienda, la narrativa de progreso será incompleta.

Este análisis editorial plantea que el aumento salarial debe acompañarse de una política clara de basificación y de reconocimiento integral a todos los trabajadores del Estado de México, porque la justicia laboral no puede depender de las cúpulas políticas, sino de la responsabilidad y el mérito de quienes sostienen día a día el servicio público.

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