Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En las autopistas y vialidades rápidas, donde el flujo vehicular exige precisión y respeto absoluto por las normas, se ha vuelto cada vez más común observar escenas que desafían la lógica y ponen en riesgo la vida: personas desplazándose en patines, scooters eléctricos o incluso sillas de ruedas por carriles diseñados para automóviles que circulan a más de cien kilómetros por hora. Este fenómeno, que mezcla imprudencia, omisión institucional y falta de conciencia ciudadana, se ha convertido en una amenaza silenciosa que cobra víctimas y deja discapacidades físicas irreversibles.

La expansión de los vehículos personales ligeros ha generado una falsa sensación de libertad. Muchos usuarios los consideran una alternativa ecológica y económica, pero olvidan que su uso está limitado a zonas urbanas de baja velocidad. En autopistas y vías rápidas, donde el margen de error es mínimo, estos dispositivos se transforman en trampas mortales. Las cifras de accidentes han crecido en los últimos años y los testimonios son contundentes: impactos fatales, lesiones irreversibles y familias que enfrentan tragedias por un exceso de confianza y desconocimiento de las normas.

El problema no se reduce a la falta de infraestructura, sino a la irresponsabilidad individual. Quien decide ingresar a una autopista sobre ruedas ligeras desafía no solo la ley, sino también la física. A esas velocidades, un bache, una ráfaga de viento o un simple descuido pueden ser letales. La movilidad sustentable no puede confundirse con la temeridad. En el caso de las personas con discapacidad, la situación es aún más dolorosa. Ante la ausencia de rampas y accesos seguros, algunos se ven obligados a circular por zonas prohibidas. No lo hacen por gusto, sino por necesidad. Sin embargo, esa necesidad se convierte en riesgo extremo cuando las vialidades no están adaptadas para su tránsito. La omisión institucional es tan grave como la imprudencia ciudadana, y la falta de políticas inclusivas convierte la movilidad en un campo minado para quienes dependen de una silla de ruedas.

México enfrenta un vacío normativo en torno al uso de estos dispositivos. Las leyes de tránsito estatales y municipales no han evolucionado al ritmo de la tecnología, y la vigilancia es casi inexistente. Mientras tanto, los usuarios se multiplican y las redes sociales glorifican la “libertad sobre ruedas” sin mostrar las consecuencias. La educación vial, ausente en la mayoría de los programas escolares, debería ser el primer paso para revertir esta tendencia. No basta con sancionar; es necesario concientizar. Las campañas de prevención deben enfocarse en mostrar la realidad: una autopista no es un parque, y un scooter no es un vehículo de alta velocidad.

La crítica constructiva no busca censurar la movilidad alternativa, sino exigir responsabilidad compartida. Las autoridades deben garantizar infraestructura segura y accesible para todos, mientras los ciudadanos deben respetar las normas que protegen su vida. La modernidad no puede ser excusa para la imprudencia. En cada accidente, detrás de la cifra, hay una historia truncada: un joven que creyó que nada podía pasarle, una persona con discapacidad que no encontró otra opción, una familia que espera justicia. La muerte sobre ruedas no distingue edad ni condición; solo castiga la inconsciencia.

La movilidad urbana debe ser inclusiva, pero también racional. Las autopistas son espacios de velocidad y riesgo, no de aventura ni improvisación. Mientras la sociedad siga confundiendo libertad con imprudencia, las ruedas seguirán girando hacia el abismo. La crítica es clara: educar, regular y respetar. Tres verbos que podrían salvar vidas antes de que otra imprudencia se convierta en tragedia.

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