Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Chiapas siempre ha estado en el ojo del huracán. No solo por su riqueza cultural y natural, sino por las heridas abiertas que nunca terminan de cicatrizar. Una de ellas, quizá la más dolorosa, es la de los desplazados internos. Miles de familias que, por la violencia, los conflictos comunitarios y la indiferencia institucional, tuvieron que abandonar sus hogares y cargar con el peso de la incertidumbre. Hoy, los indígenas de la comunidad de Meyapac, que desde hace más de dos décadas fueron obligados a dejar sus tierras, levantan la voz y piden justicia. Su clamor se dirige a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la esperanza de que el Estado finalmente les devuelva lo que les pertenece.

El dato es contundente: Chiapas concentra más del 60% de las personas desplazadas internas a nivel nacional. No es una cifra fría, es una tragedia humana. Detrás de cada porcentaje hay historias de desarraigo, de familias que dejaron atrás casas, cultivos, recuerdos y hasta tumbas de sus ancestros. El desplazamiento no solo es físico, también es emocional y espiritual. Se arranca de raíz la identidad y se condena a la invisibilidad a quienes, paradójicamente, son los guardianes de la tierra.

La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿Qué ha hecho el Estado en más de veinte años para reparar esta injusticia? La respuesta, lamentablemente, es poco o nada. Los desplazados han sido tratados como un problema secundario, como si su dolor pudiera esperar. Pero la espera se ha convertido en condena. Y mientras tanto, las comunidades que los expulsaron siguen ahí, los conflictos se perpetúan y la impunidad se normaliza. Es un círculo vicioso que solo puede romperse con voluntad política y acciones concretas.

La crítica constructiva es necesaria. No basta con reconocer la existencia del problema, hay que enfrentarlo con seriedad. La presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de marcar un cambio histórico: atender a los desplazados de Chiapas no como una estadística, sino como ciudadanos con derechos. Se requiere un programa integral que garantice el retorno seguro, la restitución de tierras y la reparación del daño. Se requiere también un compromiso firme de las instituciones de seguridad para evitar que la violencia vuelva a expulsarlos. Porque de nada sirve regresar si el miedo sigue siendo el dueño de las calles y los caminos.

Los desplazados de Meyapac no piden privilegios, piden justicia. Quieren volver a sus hogares, cultivar sus tierras, reconstruir sus comunidades. Quieren recuperar lo que les fue arrebatado. Y en ese deseo legítimo, el Estado debe estar presente. No como espectador, sino como garante de derechos. Porque permitir que el desplazamiento se prolongue es aceptar que la violencia manda más que la ley. Y eso, en un país que presume de democracia, es inaceptable.

Chiapas es un espejo de lo que ocurre en otras regiones del país: cuando el Estado se ausenta, la violencia ocupa su lugar. Por eso, atender a los desplazados no es solo un acto de justicia, es también una estrategia de paz. Si se logra que las familias regresen con seguridad, se envía un mensaje claro: la ley protege, la justicia existe, el Estado cumple. De lo contrario, se perpetúa la idea de que la única salida es huir, abandonar, resignarse.

En conclusión, Chiapas no puede seguir siendo tierra de desplazados. La presidenta tiene la responsabilidad de escuchar y actuar. Los comuneros de Meyapac y miles más esperan que el Estado deje de ser indiferente y se convierta en aliado. Yo digo que la justicia no puede esperar más. Los desplazados merecen regresar, merecen vivir sin miedo, merecen recuperar su dignidad. Y si Chiapas concentra más del 60% de los desplazados internos del país, entonces Chiapas debe concentrar también el 100% de la voluntad política para resolverlo. Porque la verdadera paz no se construye con discursos, se construye con justicia.

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