Palabras al Viento.

Por: JUAN CARLOS NÚÑEZ.

El gobierno mexiquense prometió revertir la corrupción, la violencia y la crisis del agua. Los índices de 2025 muestran lo contrario.

Pocos documentos describen con tanta precisión los males del Estado de México como su propio Plan de Desarrollo 2023-2029. Redactado bajo el lema «el mandato del pueblo por el cambio», el plan diagnostica, sin rubor, la corrupción enquistada, la violencia desbordada, el rezago económico y la crisis del agua. El problema, para la administración de Delfina Gómez, no fue identificar la enfermedad: sino curarla. Y a mitad del sexenio, la brecha entre el discurso y la evidencia se ha vuelto imposible de disimular.

Empecemos por la economía. El plan presumía aprovechar el nearshoring para construir «entornos competitivos”. No obstante, el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cuenta otra historia: la entidad pasó del lugar 17 en 2020 al 23 en 2025, hundiéndose a la franja «media baja» en un descenso ininterrumpido. No es por falta de ventajas —el corredor Toluca-Lerma tiene logística, diversidad productiva e historia industrial—, sino por corrupción, inseguridad y asfixia burocrática que espantan la inversión, según señala el propio IMCO. Mientras Nuevo León y Coahuila capturan la relocalización de cadenas de valor, el Estado de México ve pasar de largo la mayor oportunidad económica de la década.

El eje insignia del gobierno, «Cero corrupción», choca de frente con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI. La entidad registró 30,086 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, por encima del promedio nacional. Un ejemplo, el 88.3% de la población percibe corrupción frecuente en las policías. No hablamos de «manzanas podridas», sino de un mecanismo rutinario de extracción de recursos. Tampoco debemos olvidar las llamadas “barreras al trámite” —filas, requisitos inventados, ventanillas inútiles— funcionan como el incentivo perfecto para la “mordida”. Es un impuesto paralelo que castiga, sobre todo, a quien menos tiene. El mismo gobierno que prometió austeridad administra ventanillas diseñadas para el soborno.

La seguridad merece capítulo aparte, porque ahí el discurso oficial roza la simulación estadística. Las autoridades celebran caídas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión, pero la ENVIPE 2025 estima una cifra negra nacional del 93.2% que ninguna fiscalía estatal logra esquivar: apenas siete de cada cien delitos se denuncian e investigan. Presumir menos denuncias en ese contexto no es éxito operativo es, con frecuencia, el silencio impuesto por el miedo, especialmente en este delito. En municipios como Texcaltitlán, y buena parte del sur mexiquense, células del crimen organizado cobran «derecho de piso» para vender productos de la canasta básica, como el pollo, fijan precios y proveedores para materiales de construcción y desaparecen a quien se niega a pagar. El crimen organizado regula el mercado (formal e informal) y la vida. Sin su autorización ningún desarrollo económico sobrevive. En síntesis, el 92.3% de los mexiquenses ya no confía en sus autoridades de seguridad: ese es el verdadero saldo del sexenio en la materia.

Hay un punto en el que el balance deja de ser técnico para volverse moral. Cinco entidades —entre ellas el Estado de México— concentran el 44.3% de las más de 131,000 personas desaparecidas que arrastra el país.

Según monitoreos de la sociedad civil, en la entidad, durante esta administración desaparece una mujer cada doce horas, en promedio. Cuando los desaparecidos están en la niñez o la adolescencia, la mayoría de las víctimas son “ellas”. El gobierno asignó 260 millones de pesos a la Secretaría de las Mujeres, pero el dinero es estéril sin una fiscalía capaz de buscar e identificar a las desaparecidas. Una política pública de supuesta «igualdad de género» no puede coexistir con fosas clandestinas y servicios periciales rebasados. Las cifras, aquí, tienen nombre, edad y el gran dolor de familias que esperan.

La obra pública —el termómetro más honesto de la capacidad técnica de un gobierno— delata la misma falla… y la crisis del agua la confirma. El trolebús Chalco-Santa Martha, prometido para 2024, acumula retrasos y un sobrecosto de 36.4%: de 7,473 millones de pesos saltó a más de 10,200 millones. Mientras tanto, 4.2 millones de mexiquenses viven sin agua corriente continua y el Cutzamala roza el «Día Cero», el punto en que el suministro por tubería simplemente se interrumpe. La austeridad prometida se evapora en sobrecostos. El bienestar ambiental, en racionamientos del recurso.

El patrón es inconfundible: el diagnóstico es correcto, la ejecución de las soluciones es deficiente. No es un gobierno que ignore sus problemas. Es uno que no ha demostrado capacidad ni voluntad para resolverlos. La incompetencia gubernamental significa que las familias del oriente pierden tres horas diarias en el traslado, el comerciante está indefenso ante sus extorsionadores y la madre que busca a su hija escarba la tierra con sus propias manos. No es retórica: es la vida cotidiana.

A los mexiquenses no les falta un plan. Les sobra. A los mexiquenses les falta un gobierno que lo asuma como una responsabilidad y no como un trámite. Mientras tanto, la deuda con ese «pueblo» tantas veces invocado no la paga el discurso: la pagan, todos los días, las familias llenas de dolor.

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