Por: ARTURO HUICOCHEA.

Existe algo que genera tanta indignación como la delincuencia misma: que los gobiernos intenten convencernos de que el problema está resuelto cuando millones de personas siguen viviendo con miedo.

En los últimos años se ha vuelto costumbre escuchar anuncios triunfalistas sobre supuestas reducciones históricas de los delitos de alto impacto. El gobierno federal las difunde. Muchos gobiernos estatales las repiten. No pocos gobiernos municipales las reproducen. Los boletines oficiales hablan de disminuciones extraordinarias en homicidios, robos, secuestros y otros delitos, como si la seguridad pública estuviera experimentando una transformación sin precedentes.

Sin embargo, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿cómo se logró semejante éxito?

Porque las grandes reducciones del delito no ocurren por generación espontánea. Ningún país del mundo ha logrado mejorar sustancialmente su seguridad sin reformar instituciones, fortalecer capacidades operativas, profesionalizar policías, mejorar la investigación criminal, aumentar las detenciones efectivas y elevar la probabilidad de sanción para quienes delinquen.

Nada indica que eso haya ocurrido en México con la profundidad necesaria para justificar los resultados que se anuncian.

No existe una redefinición clara de responsabilidades entre las instituciones federales encargadas de la seguridad. Tampoco una coordinación suficientemente eficaz entre Federación, estados y municipios. Las fiscalías siguen enfrentando enormes rezagos. La investigación criminal continúa siendo una de las grandes debilidades del sistema. Las llamadas puertas giratorias de la justicia penal permanecen abiertas. Y los niveles de impunidad siguen siendo extraordinariamente altos.

Los datos de organismos independientes ayudan a entender mejor la realidad.

Las encuestas de victimización del INEGI continúan mostrando una cifra negra superior al 90 por ciento en la mayoría de los delitos. Es decir, la inmensa mayoría de los hechos delictivos nunca se denuncia. México Evalúa, el IMCO y diversas organizaciones especializadas han documentado también los bajos niveles de judicialización, la limitada capacidad de investigación y los rezagos estructurales que siguen caracterizando a muchas instituciones de procuración de justicia.

Por eso resulta difícil aceptar sin cuestionamientos los discursos oficiales que presentan una realidad prácticamente resuelta.

Si los delitos realmente estuvieran disminuyendo en las proporciones que se anuncian, también debería observarse una reducción significativa en el miedo ciudadano, en la percepción de inseguridad y en las medidas de autoprotección que millones de familias adoptan todos los días.

Pero basta conversar con cualquier vecino para descubrir que la realidad sigue siendo otra.

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Y aquí aparece una verdad frecuentemente ignorada: el espacio donde más rápido puede cambiar la seguridad pública es el municipio. Ahí ocurren los delitos que afectan cotidianamente a las personas. Ahí se construye o se pierde la confianza ciudadana. Ahí se encuentra la primera línea de contacto entre gobierno y sociedad.

Los presidentes municipales que aspiran a reelegirse o que desean que su partido conserve la confianza de la ciudadanía tienen una oportunidad extraordinaria. Pero necesitan abandonar la propaganda y adoptar soluciones reales.

La Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad Pública ofrece precisamente esa ruta: medir la victimización real, fortalecer la policía de proximidad, crear unidades municipales de investigación criminal, consolidar la justicia cívica, atender a las víctimas y evaluar permanentemente los resultados.

La seguridad no mejora porque lo diga un boletín.

Mejora cuando los gobiernos dejan de administrar narrativas y comienzan a resolver problemas.

Y eso es exactamente lo que los ciudadanos están esperando.

@ArturoHuicochea

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