Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En el Estado de México se ha aprobado una nueva ley que promete cambiar la historia de millones de animales domésticos. Según cifras oficiales, existen 8.5 millones de perros, y de ellos 5 millones viven en condiciones de abandono, riesgo o maltrato. La magnitud del problema es brutal, pero más brutal aún es la indiferencia que lo rodea. Esta ley llega como un intento de poner orden, de establecer responsabilidades claras y de exigir justicia para los que no tienen voz. Sin embargo, la pregunta que no puede callarse es: ¿Qué obligaciones establece realmente esta ley para propietarios, vendedores y autoridades? Y sobre todo, ¿Qué harán las autoridades cuando se les pida actuar frente al maltrato, sin demoras, sin excusas y sin “propinas” disfrazadas de burocracia?

La nueva legislación mexiquense busca garantizar el bienestar animal desde tres frentes. Primero, los propietarios deberán asumir una responsabilidad integral: alimentación adecuada, atención médica, espacio digno y trato respetuoso. El abandono se considera una forma de maltrato y puede derivar en sanciones económicas y hasta prisión. No más “lo dejé en la calle porque ya no podía cuidarlo”. La ley exige compromiso y conciencia, no solo cariño momentáneo.

Segundo, los vendedores tendrán que cumplir con registros oficiales, condiciones sanitarias verificables y transparencia en la procedencia de los animales. Se acabaron —al menos en papel— las ventas clandestinas en tianguis o redes sociales donde los perros se ofrecen como mercancía. Cada transacción deberá estar regulada y fiscalizada, y los establecimientos que incumplan podrán ser clausurados.

Pero el tercer frente es el más delicado: las autoridades. Porque ahí es donde la justicia suele perderse entre papeles, excusas y silencios. La ley obliga a los ayuntamientos y dependencias estatales a crear unidades de atención inmediata para denuncias de maltrato, refugios temporales y campañas de esterilización y adopción. También exige capacitación para policías y ministerios públicos, para que sepan cómo actuar ante un caso de crueldad animal. Sin embargo, la realidad es otra: cuando se denuncia un golpe, un abandono o una muerte injustificada, las autoridades tardan en proceder, como si el dolor de un perro no mereciera urgencia.

La crítica es inevitable y necesaria. En muchos casos, los agresores se amparan o huyen, y los funcionarios parecen moverse solo cuando hay presión mediática. La justicia animal no puede depender del escándalo ni de la viralidad. Debe ser inmediata, firme y sin privilegios. Si la ley no se acompaña de presupuesto, personal capacitado y voluntad política, quedará como un documento decorativo, una promesa más que se diluye entre trámites y simulaciones.

Y mientras tanto, otro tema exige atención: las asociaciones caninas y de rescate. Muchas trabajan con entrega y transparencia, pero otras operan bajo el disfraz de altruismo para lucrar con la adopción. Cobran cuotas desproporcionadas, venden donaciones y manipulan la buena fe de quienes buscan ayudar. La ley contempla su regulación, exige registros y auditorías, pero sin vigilancia efectiva, el negocio seguirá disfrazado de rescate.

La nueva ley es un paso adelante, sí, pero no basta con escribir obligaciones: hay que cumplirlas. La sociedad mexiquense debe entender que tener una mascota implica responsabilidad, respeto y compromiso. Las autoridades deben demostrar que la justicia animal no se compra ni se negocia. Y las asociaciones deben recordar que el rescate no es una empresa, sino una causa.

Porque detrás de cada perro abandonado hay una historia de indiferencia humana, y detrás de cada adopción responsable hay una oportunidad de redención colectiva. La ley ya está escrita. Ahora toca que propietarios, vendedores y autoridades la conviertan en realidad.

Desde YoDigoYoPregunto.com, seguiremos observando, preguntando y exigiendo que la justicia llegue también para quienes no pueden hablar, pero sí sienten.

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