Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

En México, la protesta por la tala ilegal ya no es un asunto aislado ni exclusivo de comunidades como Ocoyoacac, Estado de México. Hoy, la indignación se extiende a lo largo y ancho del país, desde las sierras del norte hasta las selvas del sur. La ciudadanía organizada, los guardianes de los bosques y las comunidades indígenas han decidido levantar la voz contra un fenómeno que no solo destruye el patrimonio natural, sino que también pone en riesgo la vida de quienes se atreven a defenderlo.

La tala clandestina ha dejado de ser un problema ambiental para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Los testimonios de brigadistas y vigilantes forestales revelan un escenario alarmante: agresiones armadas durante recorridos de vigilancia, amenazas directas contra quienes denuncian y un clima de impunidad que alimenta la desesperación. La exigencia es clara: seguridad forestal en serio, no simulaciones ni discursos vacíos.

El reclamo se intensifica porque, mientras los bosques caen bajo las motosierras, las autoridades parecen mirar hacia otro lado. La percepción ciudadana es contundente: el silencio oficial no es casualidad, sino complicidad. La pregunta que resuena en las comunidades es incómoda pero inevitable: ¿acaso ciertas autoridades reciben algún beneficio por hacerse los sordos, ciegos y mudos? La sospecha de regalías ocultas y acuerdos bajo la mesa erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la idea de que la corrupción es el verdadero motor detrás de la devastación forestal.

La consecuencia de esta indiferencia oficial puede ser explosiva. Los encargados de cuidar los bosques, cansados de arriesgar la vida sin respaldo, advierten que podrían levantarse en armas si el Estado sigue ausente. No se trata de un llamado a la violencia gratuita, sino de una advertencia desesperada: si proteger la naturaleza implica morir, entonces la defensa se radicalizará. El riesgo es que la lucha por los árboles se convierta en una guerra entre ciudadanos y grupos armados, con un saldo de muertes que nadie parece dispuesto a evitar.

La tala ilegal no solo destruye ecosistemas; también arranca de raíz la identidad cultural de comunidades enteras. Los bosques son fuente de agua, de aire limpio, de sustento económico y de memoria colectiva. Cada árbol derribado sin control es una herida abierta en el tejido social. Por eso, las protestas no son capricho ni moda: son un grito de supervivencia.

La exigencia es doble. Por un lado, se pide seguridad efectiva para quienes vigilan y denuncian, porque sin protección las brigadas forestales están condenadas a la indefensión. Por otro, se demanda transparencia y rendición de cuentas: que las autoridades expliquen por qué la tala ilegal avanza sin freno y quiénes se benefician de ella. La sociedad ya no acepta respuestas tibias ni promesas incumplidas.

El país enfrenta una disyuntiva histórica. O se fortalece la seguridad forestal con acciones reales, o se abre la puerta a un conflicto social que podría escalar más allá de lo imaginable. La indiferencia oficial no solo amenaza a los bosques, sino a la paz misma. La ciudadanía lo sabe y por eso protesta: porque defender los árboles es defender la vida.

La voz de México se escucha fuerte y clara. No se trata de un problema local, sino nacional. La tala ilegal es un crimen contra el futuro, y la seguridad forestal debe ser prioridad inmediata. De lo contrario, las autoridades cargarán con la responsabilidad de las muertes que se produzcan en esta lucha desigual. Y entonces, la historia los señalará no como protectores del medio ambiente, sino como cómplices de su destrucción.

QUEREMOS LEER TU OPINIÓN, FORMA PARTE DE NOSOTROS COMPARTIENDO EN NUESTRO HASHTAG: #YoDigoYoPregunto.

SUSCRÍBETE SIN COSTO ALGUNO A NUESTRO PERIÓDICO yodigoyopregunto.com Y ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN, TU VOZ CUENTA Y TU SUSCRIPCIÓN TAMBIÉN.