Palabras al Viento.

Por: JUAN CARLOS NUÑEZ.

México vive dos crisis que se miran en el mismo espejo. En Chihuahua, una gobernadora opositora denuncia ser hostigada por combatir al crimen organizado. En Sinaloa, un gobernador oficialista es señalado por una fiscalía extranjera y blindado por el poder federal para no ser extraditado. El discurso presidencial responde con la bandera de la soberanía. Pero la soberanía sin justicia no protege a la nación, sino a quienes la usan como escudo.

El discurso de Maru Campos, el sábado pasado, marcó un punto de inflexión en la relación de Chihuahua con la Federación. Desde una autocrítica calculada, la mandataria reconoció ante sus simpatizantes que su intento inicial de sostener una relación funcional con el gobierno federal había sido un «error». A partir de esa premisa, denunció que el aparato de justicia federal hostiga a las autoridades estatales que combaten a los cárteles, mientras tolera la impunidad de los gobiernos afines vinculados al crimen organizado. Su llamado a quienes la escuchen, los presentes el sábado y el público en redes y medios, fue tajante: elegir entre «la libertad o la narcopolítica».

En el mismo acto, Felipe Calderón condensó la dicotomía en una frase que dominó el debate público: «México necesita más Marus Campos y menos Rochas Moya». Argumentó que resulta absurdo que la gobernadora que ha desmantelado laboratorios de drogas sea perseguida con todo el peso del Estado, mientras los mandatarios señalados por complicidad con criminales son blindados por el gobierno federal. Frente al fenómeno que llamó una «demolición de la democracia», exigió al Ejecutivo abandonar la doctrina de la «soberanía con impunidad».

La respuesta de Claudia Sheinbaum funcionó como advertencia geopolítica. Ante los señalamientos de cortes estadounidenses, que pesan sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sostuvo que las acusaciones carecen de soporte probatorio público y calificó la actuación de Washington no como cooperación, sino como injerencia. Al sugerir que el Departamento de Justicia busca convertirse en árbitro electoral —el «gran elector» que decide por fuera de las urnas—, la presidenta desplazó un conflicto penal hacia el terreno de la soberanía. Y fue más allá: cuestionó si Washington combate realmente al crimen organizado o si sectores de la «ultraderecha estadounidense» usan a México como instrumento político de cara a sus elecciones en noviembre de 2026.

Aquí emerge la contradicción más reveladora del oficialismo. La narrativa histórica de Morena contra las administraciones pasadas se construyó, en buena medida, sobre el juicio contra Gerardo García Luna —sus expedientes y declaraciones— y se citó como prueba moral del régimen anterior. Las resoluciones, investigaciones y testimonios emanados de las cortes y agencias estadounidenses son aliadas de la verdad histórica en el caso de los opositores, pero hoy, cuando incriminan a figuras de Morena, son denunciadas como injerencia. La vara cambia según quién esté en el banquillo.

La experiencia comparada advierte el costo de esta retórica. En procesos como el posconflicto colombiano, expresiones como «traición a la patria», «dictadura» o «enemigos del pueblo» exacerbaron el miedo y la rabia. Rentables en el corto plazo, corrosivas para la institucionalidad en el largo. México transita ese mismo terreno. Una reconciliación genuina exige que el jefe de Estado deje de representar a una facción y se convierta en garante de un pacto constitucional para todos. Eso pasa por tres tareas concretas que nos involucran a gobierno y sociedad.

México necesita iniciar la desescalada retórica. La titular del Ejecutivo tiene los micrófonos y el escenario más visible y, por lo tanto, la obligación de desmantelar su discurso maniqueo y validar las preocupaciones legítimas de las minorías políticas, que también exigen seguridad en sus entidades. Los mexicanos no deberíamos aceptar que continúe la politización de la procuración de justicia. Los mecanismos para combatir al crimen organizado no deben fracturar al país y deben ser imparciales. El trabajo de las fiscalías sólo fortalece la cohesión social cuando protege a los ciudadanos, no al gobierno en turno. Mucho menos a los criminales. Los despliegues policiales sólo serán suficientes con policías íntegros, instituciones civiles fuertes y recuperación efectiva de los territorios capturados por los cárteles. Las instituciones, las que han sobrevivido, deben integrar una estrategia unificada contra el crimen transnacional.

Ningún país sale de la polarización cuando su gobierno equipara a la oposición con “traición” y al crimen con “soberanía”. La reconciliación exige menos consignas y más imparcialidad. La tarea del Estado es perseguir delitos, no adversarios. El presidente es representante de todos, no de una facción. Mientras la justicia siga sirviendo al poder en turno y la soberanía siga protegiendo a quienes la deshonran, no sólo la democracia será demolida. Acabarán con el Estado mismo.

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